Resumen
El Cuarto Informe de Seguimiento sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia evidencia desigualdades en acceso a educación, salud, créditos y tierra. Destaca barreras estructurales y la necesidad de políticas con enfoque de género para garantizar su inclusión y equidad en el ámbito rural.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Persistentes desigualdades enfrentan las mujeres rurales, especialmente en el acceso a educación, salud, vivienda, créditos y tierra, así lo reveló el Cuarto Informe de Seguimiento sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia, publicado por la Comisión de Seguimiento de Defensa de la Mujer Rural, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Las principales conclusiones del documento incluyen que, a pesar de su crucial rol en el equilibrio ecológico y la preservación de los recursos naturales, las mujeres rurales enfrentan barreras estructurales como la discriminación de género, la falta de acceso a tierras y recursos productivos, y la escasa participación en la toma de decisiones económicas.
Así mismo, refiere que el lenguaje jurídico sin perspectiva de género invisibiliza su rol y refuerza estas desigualdades, destacando la necesidad de un lenguaje inclusivo, detallando que los programas de acceso a tierras promovidos por el Estado han sido históricamente sesgados hacia los hombres, excluyendo a las mujeres de sus beneficios.
“A pesar de los esfuerzos de reforma agraria, la tierra sigue distribuida de manera desigual, con las mujeres accediendo a unidades productivas más pequeñas, lo que restringe su autonomía. Además, solo el 26% de las unidades productivas agrícolas (UPA) son gestionadas exclusivamente por mujeres, limitando su participación en decisiones económicas clave para el desarrollo rural.” Puntualiza el informe
Frente a los resultados, la Comisión hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen en cuenta el diagnóstico presentado y prioricen la implementación de políticas públicas con enfoque de género, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país.
“Es esencial que se implementen medidas concretas para cerrar las brechas de género y garantizar la inclusión de las mujeres rurales en los procesos de desarrollo productivo, educativo y económico.” Expresó Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
Finalmente, el informe se constituye como una herramienta clave para la veeduría ciudadana y el control social, y se presenta como una oportunidad para que las autoridades locales y nacionales promuevan un futuro más equitativo para las mujeres rurales, quienes son un pilar fundamental para el progreso del país.
