Resumen
Fidel Torres Castillo, representante presidencial ante la Corporación Autónoma Regional de Santander, ha denunciado graves incumplimientos de la licencia ambiental en Landázuri. Explotación minera ha generado volúmenes de residuos y contaminación del agua. La CAS investigará.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Incumplimientos ambientales
Fidel Arturo Torres Castillo, representante de la Presidencia de la República ante la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), ha presentado una denuncia formal ante la junta directiva de la entidad, señalando serias irregularidades en una actividad minera en el municipio de Landázuri.
La denuncia se centra en el presunto incumplimiento de la licencia ambiental concedida para la explotación minera en varias zonas, incluyendo Miralindo, Borrascoso, Río Blanco y otras áreas adyacentes. Según Torres Castillo, la explotación minera abarca aproximadamente 4.900 hectáreas, que constituyen el título minero correspondiente.
"Se ha recibido información preocupante sobre el no cumplimiento de los polígonos definidos en la licencia ambiental. Parece que la explotación se realiza de manera indiscriminada, con la disposición inapropiada de materiales inertes en diversos sitios. Esto ha generado grandes volúmenes de residuos, algunos de los cuales son depositados sobre la capa orgánica, incluso en tierras destinadas al cultivo de cacao que han sido adquiridas por los operadores mineros", declaró Torres Castillo durante la presentación de la denuncia.
El representante de la Presidencia enfatizó la gravedad de la situación y detalló los pasos que deben seguirse para abordarla adecuadamente. "Es responsabilidad de la CAS realizar seguimientos regulares, denominados informes del componente ambiental (ICA), cada seis meses. Estos informes deben detallar minuciosamente las observaciones realizadas durante las visitas de inspección, evaluando el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en la licencia ambiental, así como cualquier impacto ambiental negativo, como la contaminación del agua", explicó Torres Castillo.
Ahora, la CAS, en su calidad de autoridad ambiental, asume la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar las medidas necesarias para asegurar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las comunidades afectadas por estas presuntas irregularidades.
