Denuncian presuntas irregularidades con los recursos de las JAC en el Puerto Petrolero

Diversos sectores ciudadanos y veedores anunciaron que preparan acciones disciplinarias, fiscales y penales por presuntas irregularidades en la estructuración del Contrato 3233-26, suscrito para financiar actividades de logística y capacitación dirigidas a las Juntas de Acción Comunal del distrito.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En el foco de los señalamientos aparece Laura Natalia Cotrina Tobos, actual secretaria del Interior y una de las funcionarias con mayor influencia dentro del gobierno del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez.

Laura Natalia Cotrina Tobos es historiadora con maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana y, según su perfil oficial, cuenta con experiencia en acompañamiento a víctimas del conflicto y evaluación de políticas públicas.

Su ascenso en la administración distrital ha sido notorio. Además de encabezar la Secretaría del Interior, fue designada en 2026 como alcaldesa encargada durante la ausencia temporal del mandatario Jonathan Vásquez.

Esa posición de confianza ha llevado a que sectores críticos la consideren una de las figuras con mayor poder dentro del actual gobierno local.

Según las denuncias conocidas públicamente, Cotrina habría sido la principal responsable de la etapa precontractual y de la estructuración del convenio, cuyo valor supera los 259 millones de pesos, el cual tiene como propósito oficial apoyar procesos de formación y suministro logístico para líderes comunales.

El contrato fue concebido para fortalecer la participación comunitaria en Barrancabermeja, un municipio donde recientemente se renovaron 345 juntas de acción comunal en zonas urbanas y rurales, reflejando la importancia de estas organizaciones en la vida cívica y barrial del distrito.

Precisamente por el papel estratégico que cumplen las juntas, los recursos destinados a su fortalecimiento suelen estar bajo especial escrutinio. La propia Alcaldía Distrital de Barrancabermeja señala que la Secretaría del Interior tiene entre sus funciones diseñar e implementar políticas para promover la organización social, la acción comunal y el control ciudadano sobre los recursos públicos.

Sin embargo, líderes comunales y ciudadanos han expresado dudas sobre la correspondencia entre el presupuesto asignado y las necesidades reales de las comunidades, sugiriendo posibles sobrecostos en rubros relacionados con logística y capacitación.

Cambio de supervisión no despeja dudas

De acuerdo con la denuncia, pocos días después del inicio del contrato se suscribió un otrosí mediante el cual la supervisión fue trasladada a la Dirección de Participación, Asuntos Comunales y Étnicos.

No obstante, los denunciantes sostienen que esta modificación administrativa no exime a la secretaria del Interior de su responsabilidad en la planeación y estructuración inicial del proceso contractual, etapa en la que se definieron los estudios previos, el presupuesto y las condiciones del contrato.

Las Juntas de Acción Comunal son reconocidas como la base de la participación ciudadana en Colombia. Desde estos organismos se canalizan proyectos barriales, iniciativas de desarrollo y procesos de control social. Por ello, cualquier señalamiento sobre el manejo de recursos destinados a su fortalecimiento genera especial sensibilidad entre los líderes comunitarios, quienes esperan que cada peso invertido se traduzca en capacitación, herramientas y apoyo efectivo para su labor.

Los promotores de la denuncia aseguraron que ya consolidan un expediente con documentos y soportes que, según afirman, será presentado ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

El objetivo es que las autoridades determinen si en la contratación existieron faltas disciplinarias, detrimento patrimonial o conductas de relevancia penal. Hasta el momento, la Secretaría Distrital del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones.

La controversia abre un nuevo capítulo de tensión política en Barrancabermeja, donde el manejo de los recursos públicos destinados a la participación ciudadana vuelve a colocarse bajo el microscopio de la opinión pública. En una ciudad donde las Juntas de Acción Comunal representan el pulso de los barrios, cualquier sombra sobre esos dineros resuena como una alarma encendida en la plaza pública.