Descarada intervención en política de Gustavo Petro y sus subalternos

En la actualidad política Colombia no enfrenta sólo un debate jurídico. Tiene al frente el desafío de una prueba de solidez democrática. Cuando el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y su entorno usan la investidura estatal para intervenir en la disputa electoral, la discusión deja de ser retórica y pasa a tocar el corazón mismo de la igualdad ante la ley.

La Constitución del noventa y uno no dejó ese límite por accidente, lo fijó para impedir que el poder público incline la balanza a favor de una causa partidista, o gobiernista, para perpetuarse en la Presidencia.

El artículo 127 de la Carta Constitucional y las directrices disciplinarias vigentes prohíben a los servidores públicos usar su cargo, su voz -ahora también las comunidades digitales- o los recursos del Estado para presionar, favorecer o desviar la competencia política.

Por eso inquieta que desde la Casa de Nariño se organicen encuentros con la bancada oficialista en plena contienda electoral, que luego se defiendan en público como si fuesen actos inocentes y que, desde cuentas institucionales o personales, se lancen mensajes contra autoridades electorales, adversarios y se ponga en duda las reglas del proceso o la transparencia del preconteo de los votos y de los escrutinios.

El problema no radica en la existencia de opiniones, sino en el peso desigual de quien habla desde la cúspide del poder. Una cosa es la deliberación democrática y otra, muy distinta, usar la autoridad del cargo para orientar el debate y marcar terreno en favor de un proyecto político.

La gravedad crece cuando ese comportamiento se replica en Ministros, organismos de comunicación pública y entidades con capacidad administrativa. Allí se  configura un patrón, no una casualidad.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió sobre el cuidado que exige una elección en clima de tensión y la Registraduría, como autoridad autónoma, y los entes de control, son realmente los árbitros llamados a preservar reglas parejas para todos.

Colombia ya conoce el costo de la confusión entre Estado y partido. Lo ha pagado con clientelismo, con presión territorial, con desconfianza ciudadana y con una cultura política que suele premiar al más audaz, no al más idóneo y respetuoso de las leyes.

En ese contexto, cada descalificación hacia un organismo electoral, cada frase que trivializa la norma y cada gesto que sugiere superioridad frente al control institucional, por parte del Presidente Petro, se configura en una descarada intervención en política, aupada por sus subalternos, con lo cual se erosiona la credibilidad de las elecciones.

No hace falta una ruptura formal para dañar una democracia, basta con convertir la excepción en costumbre. El mayor deber del Jefe del Estado no consiste en desafiar la regla, sino en sostenerla y defenderla.

Gobernar exige mesura, más aún en campaña. Quien ocupa la Presidencia no puede actuar como jefe de facción sin rebajar la dignidad del cargo ni comprometer la transparencia de la contienda electoral.