Colombia se convierte en uno de los pocos países de la región en regular estrictamente los valores de reconexión de servicios públicos, lo que podría servir como modelo para otras naciones que enfrentan problemas similares de inequidad en el acceso a servicios esenciales. Además, con esta norma, el Estado colombiano recupera un rol más activo en la defensa de los usuarios frente a prácticas abusivas de mercado, al mismo tiempo que mantiene el compromiso con la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, bajo un principio de transparencia y proporcionalidad.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Economía / EL FRENTE

En un paso sin precedentes hacia la justicia social y la equidad en el acceso a servicios públicos, el Gobierno colombiano ha sancionado la Ley 2485 de 2025, la cual limita a $1.000 pesos el cobro máximo por reconexión de servicios como agua, luz, gas, internet, telefonía y televisión.

Esta nueva normativa representa un hito en la defensa de los derechos de los consumidores y marca el fin de los abusos tarifarios que durante años afectaron a millones de colombianos, especialmente en los sectores más vulnerables.

Y es que durante años, los usuarios que enfrentaban la suspensión de servicios públicos por retrasos en el pago debían enfrentarse a un segundo golpe: costos excesivos por reconexión, en algunos casos mayores al mismo valor del servicio suspendido. Innegable.

En varias ciudades, por ejemplo, reconectar el agua podía costar hasta $50.000; la energía, más de $70.000; y el gas domiciliario, cifras similares. En el sector de las telecomunicaciones (telefonía, internet y televisión) las tarifas eran igual de desproporcionadas, oscilando entre $20.000 y $70.000, esto a pesar de que muchas veces la reconexión se realizaba de manera remota, sin intervención técnica.

Esto convertía lo que debía ser un procedimiento administrativo o automatizado en un verdadero obstáculo económico para los hogares, especialmente aquellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

¿Qué dice la nueva ley?

La Ley 2485 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de octubre, modifica el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 y elimina la libertad tarifaria para el cobro de reconexiones en los servicios públicos domiciliarios y telecomunicaciones.

Ahora, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) será la encargada de establecer un tope tarifario obligatorio, el cual no podrá superar los $1.000 pesos en la mayoría de los casos. Solo se permitirán excepciones cuando las empresas logren demostrar ante la CRC que existen costos técnicos reales que justifiquen un cobro mayor.

“La dignidad no debe tener tarifa. Nadie puede ser castigado económicamente por reconectar un servicio básico”, señaló una fuente del Ministerio de Minas y Energía.

La nueva normativa busca poner fin a lo que el congresista Julio Elías Vidal, uno de los impulsores del proyecto, calificó como un “negocio oculto” de las empresas prestadoras: “El sistema se reactiva con un clic, pero los usuarios terminaban pagando cifras injustificadas.”

Este cobro desproporcionado era particularmente injusto para las familias que ya enfrentaban dificultades económicas para pagar sus servicios. En muchos casos, el monto de la reconexión superaba el valor de la deuda que generó la suspensión, imposibilitando que los hogares retomaran su acceso a servicios esenciales.

Según organizaciones de defensa del consumidor, los altos costos de reconexión funcionaban como una “sanción económica encubierta”, que perjudicaba principalmente a los más pobres y generaba una cadena de deudas y desconexiones difícil de romper.

¿Cómo se implementará la nueva ley?

La Ley 2485 no entra en vigor de forma inmediata para todos los operadores. Las empresas prestadoras de servicios públicos y telecomunicaciones tendrán un plazo de 12 meses para:

·         Ajustar sus sistemas de facturación.

·         Transparentar los procesos de reconexión.

·         Reportar a la CRC los valores y justificaciones técnicas de sus procedimientos.

·         Una vez finalizado ese período de transición, ninguna empresa podrá cobrar más de $1.000 por reconexión, salvo en los casos excepcionales que la CRC autorice.

·         Además, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y de sancionar a las empresas que incurran en cobros indebidos.

Justicia cotidiana para millones

Expertos y analistas del sector coinciden en que esta medida representa una victoria significativa para la ciudadanía, especialmente para los hogares de menores ingresos que hasta ahora eran los más golpeados por este tipo de cobros.

“Con esta ley, Colombia da un paso hacia la justicia cotidiana”, dijo el presidente Petro tras firmar la sanción. “Garantizamos que los hogares no sigan siendo víctimas de cobros desproporcionados por recuperar servicios que nunca debieron ser inaccesibles.”

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han celebrado la norma, considerándola un alivio económico real para las familias que viven al día y no cuentan con colchones financieros para cubrir emergencias.

RECUADRO

¿Qué deben hacer los usuarios ahora?

La entrada en vigor de la Ley 2485 de 2025 marca un antes y un después en la relación entre los ciudadanos colombianos y los servicios públicos. Con esta medida, el país avanza hacia un modelo más justo, donde el acceso a servicios esenciales como el agua, la luz, el gas o el internet no esté condicionado por cobros arbitrarios.

Es, sin duda, una ley que devuelve dignidad, equidad y justicia a millones de hogares colombianos. Y un paso firme hacia una Colombia donde los derechos de los usuarios sean prioridad.

·         ¿Qué hacer? Los usuarios deben estar atentos a sus facturas: A partir de la entrada en vigencia total de la ley, cualquier cobro de reconexión que supere los $1.000 debe ser reportado.

·         Además están en el derechos de denunciar cobros indebidos: Los usuarios podrán acudir a la Superservicios para reportar incumplimientos y exigir el respeto a sus derechos.

·         Es pertinente informarse: Es importante que las comunidades conozcan esta ley para poder ejercer presión y vigilancia ciudadana frente a su cumplimiento.

·         ¿Te cobraron más de $1.000 por reconectar un servicio? Denuncia en la página oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: www.superservicios.gov.co