Deterioro institucional

Es evidente que -tanto en Colombia como en otros países- se ha venido deteriorando el sentido razonable y genuinamente democrático del poder público. El proceso electoral que tendrá lugar este año en nuestro país constituye una oportunidad inmejorable para la reflexión, el análisis y el buen propósito general de concebir, entender y ejercer el poder público para beneficio del interés general de la sociedad, dentro de principios de lealtad, sinceridad, honestidad, prudencia y responsabilidad social y política.

En los últimos años, el deterioro institucional se ha manifestado en la polarización, que ha desviado por completo la función pública. Ya no se entiende como el ejercicio del poder dentro de unas reglas con miras al bien común, sino como una forma de obtener beneficios y de alcanzar finalidades políticas de bajo nivel. Se ha perdido de vista por completo el primordial sentido institucional de alcanzar los fines estatales, consistentes, según la Constitución, en “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.

Altos dirigentes de los partidos ya no proponen metas institucionales de trascendencia que se puedan lograr, en bien de la sociedad, mediante la aplicación de sus directrices ideológicas. Hoy prefieren el uso de las redes sociales y las denominadas “bodegas” para “hacer llorar” a quienes los critican o contradicen. Mientras tanto, no faltan los precandidatos presidenciales que, en vez de proyectos en materia económica, social, educativa, de salud o de vivienda, presentan, como sus principales proyectos, los de “destripar” y “dar bala” a sus contrincantes políticos.

En cuanto a las ramas y órganos del poder público, es impostergable el cambio: El próximo Congreso de la República debe recobrar su importancia y restaurar su credibilidad. No puede seguir siendo un órgano que obstruye, bloquea y archiva -sin discutir- los proyectos de ley o de reforma. Sus miembros deben ocuparse, con seriedad, en las tareas que les corresponden -legislar y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración-, en vez de estar grabando videos insultantes con destino a sus cuentas en redes sociales, arrojando a la basura los símbolos de comunidades victimizadas o pidiendo a gobernantes extranjeros que lleven a cabo invasiones armadas contra territorio colombiano.

Ha sido mal interpretada la inviolabilidad de los congresistas en materia de opinión. No es absoluta y se refiere exclusivamente al ámbito funcional. Según el artículo 185 de la Constitución, ellos son “inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”, no por fuera de él. No están exentos de responsabilidad si, en otro ámbito, incurren en delitos.

Por su parte, quien sea elegido presidente de la República, así como sus ministros y colaboradores, deben dedicar más tiempo a las importantes tareas propias del gobierno y la administración que a responder cada ataque aparecido en las redes sociales. Ello desgasta innecesariamente y se presta para faltas de respeto que de nada sirven al interés general.