Día cívico por la naturaleza: sector público suspende actividades y privados cuestionan impacto en la productividad

Este viernes 17 de abril se llevará a cabo en Colombia una nueva edición del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, una jornada instaurada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 500 del 17 de abril de 2024, que establece el tercer viernes de abril de cada año como una fecha dedicada a promover la conciencia ambiental, el ahorro de recursos y la reflexión sobre la crisis climática.

La medida implica que los servidores públicos de entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional no estarán obligados a asistir a sus puestos de trabajo, al tratarse de una jornada no laboral para el sector público nacional, salvo para aquellos funcionarios cuya labor resulte indispensable para garantizar servicios esenciales o derechos fundamentales.

Entre las excepciones contempladas se encuentran miembros de la fuerza pública, personal de salud, organismos de emergencia y demás servidores vinculados a actividades estratégicas que no pueden suspenderse.

Sin embargo, en el sector privado la situación es distinta. La jornada no tiene carácter obligatorio para empresas particulares, por lo que su aplicación dependerá de la voluntad de cada empleador o de acuerdos concertados con sus trabajadores. En otras palabras, las compañías privadas podrán decidir si se suman o no a la iniciativa, así como la forma en que eventualmente ajusten sus horarios o actividades.

Precisamente ese punto ha generado reparos entre representantes del empresariado, quienes consideran que la directiva presidencial crea un mensaje contradictorio frente a la productividad nacional.

Algunos dueños de empresas y gremios han manifestado su inconformidad al advertir que, aunque la medida no sea forzosa para ellos, termina generando presión social y laboral para adoptar una jornada que, a su juicio, impacta la operación de los negocios sin ofrecer soluciones estructurales a los problemas ambientales.

“El país no puede seguir creyendo que la sostenibilidad se construye a punta de apagar oficinas un día al año mientras la economía pierde ritmo”, señalan voces del sector productivo, que ven en la jornada más un gesto simbólico que una estrategia efectiva de política ambiental.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la iniciativa como un espacio para incentivar prácticas responsables de consumo de agua y energía, así como para sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de los recursos naturales en medio de fenómenos climáticos extremos y crecientes alertas por el cambio climático.

En el ámbito educativo, varias instituciones públicas, incluidos colegios oficiales y universidades nacionales, suelen acogerse a la jornada, mientras que los establecimientos privados mantienen autonomía para decidir si suspenden actividades o continúan con normalidad.

Así, mientras el Ejecutivo presenta el día cívico como una apuesta pedagógica y ambiental, el debate vuelve a instalarse entre quienes lo consideran un gesto necesario de conciencia ecológica y quienes lo ven como otra pausa burocrática que, en la práctica, termina frenando la actividad productiva sin resolver el problema de fondo.