¿Diez mil millones de pesos para la defensa jurídica de Gustavo Petro?

Asumiendo los poderes dictatoriales, de los cuales se ufana el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, el ministerio de hacienda dispuso el desembolso de diez mil millones de pesos colombianos para pagarle a una ‘Asociación Internacional de Abogados’ los honorarios profesionales, para sacarlo del horno crematorio de la ‘Lista Clinton’, que lo mantiene al borde de la prisión y de la locura, como primer mandatario de la nación.

Ningún empleado oficial en Colombia, por brillante que sea, puede atreverse a semejante estropicio. Utilizar los recursos financieros del presupuesto nacional para absolver al presidente de la república de sus presuntos actos criminales, es un asalto a las finanzas públicas. El dinero del estado colombiano es sagrado. Solamente la justicia puede ejercer jurisdicción y mando, a través de la rama judicial.

Si la defensa judicial del señor presidente de la República puede costar diez mil millones de pesos, que puede pensar un obrero, un agricultor, un trabajador de brocha gorda, cuando la prensa colombiana y los medios internacionales de noticias pretenden justificar el saqueo de diez mil millones de pesos, para lograr que el presidente Petro pueda ser absuelto en los Estados Unidos y en otros tribunales internacionales, por los daños que le ha hecho a la nación por su conducta.

Eso se llama ‘Peculado por Acción’, al reunirse el Consejo de Gabinete Ministerial para desembolsar diez mil millones de pesos, que representan la cuota inicial de la defensa internacional del presidente Petro. Esta noticia ha estremecido al país y ha sacudido las fibras sentimentales y materiales de este país, donde los abusos cometidos por el presidente de la república constituyen la mayor vergüenza de esta nación, que se hunde en el terrorismo de sus contradicciones.

Ninguno de los magnates del gran capital en Colombia puede hacerlo, sin que aparezca la Dirección de Impuestos Nacionales realizando los descuentos tributarios del aporte millonario para defender a un presunto delincuente, aunque fuere el mismo presidente de la República. ‘País de locos’, con una clase dirigente que se siente derrotada por el poder de la mentira y de la infamia que rodean al presidente de la república y a sus ministros, que deberían pedirle permiso a la rama legislativa del poder público. 

Al expresidente Marco Fidel Suàrez lo destituyó el Congreso de la República en un debate promovido por el jefe conservador Laureano Gómez Castro, cuando apenas avanzaba su periodo legislativo. Si por el cobro de un préstamo de libre disposición, destituyeron al mas inmaculado de los presidentes de Colombia que fue don Marco Fidel Suárez, qué decir ahora de las vagabunderías del presidente de la república, que corre el riesgo de ser investigado y juzgado por un tribunal de los Estados Unidos, que le està pidiendo cuentas acerca de su peligrosa alianza con los grupos narcoguerrilleros, que están destruyendo a Colombia.