Diputado santandereano pide investigar las infrahumanas condiciones de seguridad de uniformados en varias regiones del país

Desde la capital del país, un grupo de veteranos de la Fuerza Pública, acompañado por el diputado de Santander y patrullero en retiro de la Policía Nacional, Martin Alonso Gutiérrez, radicó un oficio ante el Congreso de la República para exigir un debate de control político dirigido al Gobierno Nacional y, en particular, al Ministerio de Defensa. La exigencia: que se expliquen ante los miembros del Salón Elíptico de manera clara y transparente las razones detrás de la drástica reducción presupuestal a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La denuncia del diputado santandereano fue acompañada de un fuerte pronunciamiento público en el que se revelan las condiciones críticas que enfrentan los uniformados en varias regiones del país, con especial atención al caso de la subestación de Policía en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.

Según el corporado de Santander, las imágenes que se han difundido evidencian que los agentes se encuentran en condiciones infrahumanas, sin garantías mínimas para ejercer su labor en un territorio de alto riesgo, por lo que solicitó el acompañamiento de una comitiva de derechos humanos para que constate las difíciles condiciones de seguridad que afrontan los uniformados en esa región del país, crudamente golpeada por los grupos al margen de la ley.

“Nuestros policías están completamente abandonados. Están viviendo y trabajando en condiciones que violan su dignidad humana, están sufriendo y viviendo en condiciones infrahumanas. Esto no es aceptable, y menos aun cuando el Gobierno Nacional insiste en recortar el presupuesto destinado a su bienestar y seguridad”, denunció el diputado.

Uno de los puntos más críticos señalados en la intervención es el abandono operativo de equipos clave para la defensa y el control territorial: más de 20 helicópteros tipo Black Hawk y otras aeronaves se encuentran en tierra, sin mantenimiento ni operación, debido al desfinanciamiento sostenido en los últimos meses.

Este debilitamiento presupuestal, asegura el denunciante, ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas frente al recrudecimiento de la violencia y el avance de grupos armados ilegales en zonas rurales.

Además, hizo un llamado al Director General de la Policía Nacional y al Ministro de Defensa para que se desplace una comisión de alto nivel y una delegación de derechos humanos a El Plateado con el objetivo de verificar las condiciones reales en las que viven y trabajan los uniformados.

 “No es posible que tengamos soldados y policías arriesgando su vida mientras el gobierno les da la espalda, mientras se sigue despilfarrando el dinero público en otros sectores y se ignora la grave situación de seguridad nacional”, añadió el vocero.

La denuncia también apuntó directamente al presidente de la República, a quien se le acusó de mantener una actitud indolente frente a las necesidades de la Fuerza Pública y de haber “atado de manos” a los altos mandos militares, con lo que se estaría permitiendo el deterioro del control territorial y el avance de estructuras armadas ilegales.

En su intervención, el diputado aseguró que seguirá siendo “la voz de los policías y militares de Colombia”, y pidió a los uniformados en servicio activo o en retiro que le compartan, de forma confidencial, imágenes y testimonios sobre las condiciones precarias que se viven en otras regiones del país.

“General, comandante, director: no pueden seguir permitiendo que nuestros policías mueran sin protección. No pueden seguir siendo indiferentes ante la destrucción de la institucionalidad. Es su responsabilidad actuar”, concluyó.

La solicitud de debate de control político ya fue radicada, y se espera que el Congreso fije fecha para su discusión en las próximas semanas. La oposición y sectores de la reserva activa han expresado su respaldo a la iniciativa y advierten que la seguridad nacional no puede seguir siendo objeto de recortes mientras el conflicto armado se intensifica en varias regiones del país.

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