Directivos que desfalcaron a la NUEVA EPS deben ser juzgados como criminales

La corrupción detectada en la mayor aseguradora de salud del país, NUEVA EPS, constituye una afrenta directa al derecho a la atención médica, porque el hallazgo de 70.563 millones de pesos desviados para sostener una apariencia de solvencia desnuda un fraude que transformó fondos públicos en soporte para intereses privados.

Las investigaciones de la Contraloría General de la Nación dan cuenta que, entre los años 2019 y 2023, miles de facturas por servicios prestados no ingresaron a los registros contables, con lo cual pasivos reales se ocultaron y utilidades ficticias sostuvieron un balance aparente.

Esa práctica facilitó la continuidad de la habilitación regulatoria y el flujo de giros estatales frente a un arqueo verdadero marcado por pérdidas lo que derivó en que varias Instituciones Prestadores de Salud, IPS, quedaran con cuentas sin cobrar e infinidad de pacientes enfrentaron riesgo en la continuidad de tratamientos.

Los informes de control dejan constancia de una concentración de obligaciones en un grupo reducido de prestadores y de patrones de contratación dirigidos a proveedores específicos.

La deuda registrada creció de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en el período siguiente, un aumento del 294 por ciento, donde los documentos administrativos describen maniobras contables destinadas a ocultar pasivos y preservar contratos lucrativos.

La gravedad del caso exige respuestas firmes e inmediatas. La justicia penal debe determinar responsabilidades con prontitud y las autoridades financieras y de control deben priorizar las acciones para recuperar los recursos públicos, prohibir la suscripción de nuevos contratos a actores involucrados, congelar activos relacionados con los hechos y anular adjudicaciones obtenidas mediante irregularidades.

Además de acciones punitivas, se requieren cambios estructurales en la supervisión sanitaria. Resultan indispensables auditorías externas independientes con plazos públicos, aplicación obligatoria de estándares contables estrictos, transparencia absoluta en procesos de contratación y la creación de un portal público de proveedores con información verificable sobre adjudicaciones y pagos.

También conviene instaurar controles cruzados entre entes de inspección para evitar ‘el secuestro’ institucional por parte de siniestros personajes ligados a Congresistas y poderosos empresarios del país los cuales sirven a intereses privados a cambios de onerosas dadivas, para posibilitar sanciones administrativas tempranas.

La condición del Estado como accionista parcial de la NUEVA EPS impone una obligación adicional de vigilancia y renovación del gobierno corporativo para exigir informes de gestión periódicos y activar mecanismos sancionatorios internos que complementen la actuación de las autoridades judiciales y fiscales para revisar de oficio todos los contratos firmados en el periodo señalado.

Exigimos reparación integral, sanciones ejemplares y reformas que impidan que la salud pública se convierta en la caja para enriquecimiento ilícito, que los organismos de control impongan castigos severos y que los directivos que desfalcaron a la NUEVA EPS sean juzgados como criminales, además de la recuperación efectiva de los dineros desviados, el restablecimiento de derechos de los prestadores afectados y condenas ejemplares que desalienten la repetición con impunidad.