Disciplina y doctrina, las bases institucionales

El reciente incidente en Quibdó entre la patrullera Winy Saray Córdoba y el mayor Jeison Dulce Muñoz, no es solo un altercado de convivencia; es un síntoma de cómo la especulación de la vida pública está permeando las instituciones que, por naturaleza, deben ser el baluarte del orden y la jerarquía.

Por: Luis E. Gilibert

La Policía Nacional no es una empresa privada, es una institución uniformada, jerarquizada y disciplinada, regida por una doctrina que no es caprichosa. El cumplimiento del reglamento, de uniformes y la presentación personal no son meras formalidades estéticas, sino símbolos de autoridad, cohesión y respeto por el servicio. Cuando un superior jerárquico realiza un llamado de atención ante una deficiencia en estos aspectos, está ejerciendo la función de su cargo y velando por el estándar institucional.

El quiebre de la cadena de mando a través de la violencia física o verbal -la insubordinación- representa una de las faltas más graves en el ámbito policial. Si se permite que la ira individual suplante al respeto por el superior, se pone en riesgo la operatividad institucional. No obstante, el manejo de estas situaciones también exige del mando un equilibrio entre la firmeza y tacto pedagógico, evitando que el exceso de celo se confunda con “arbitrariedad”. La autoridad se ejerce con el ejemplo, pero se sostiene sobre el respeto absoluto a las normas preestablecidas.

 “Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es su escalamiento hacia el drama mediático y el escarnio público, en la era de la hiperconectividad en que cualquier roce profesional se convierte en tendencia, antes que el comando pueda procesar el informe, convirtiéndose en inconveniente para la seguridad y la moral de las tropas.

Es necesario hacer claridad que la policía cuenta con un robusto marco legal como es el estatuto disciplinario diseñado para evaluar la conducta bajo el debido proceso, los manuales de funcionamiento que definen claramente el alcance del mando y el deber del subalterno, además de protocolos de resolución ante conflictos internos que deben agotarse antes que la situación trascienda. Permitir que las redes sociales o la opinión publica juzguen hechos que ocurren en el ejercicio del servicio, solo debilita la majestad de la ley, lo que hace imperativo que la institución active sus mecanismos de evaluación de manera transparente pero autónoma, definiendo responsabilidades sin ceder a las presiones externas que buscan convertir la disciplina en espectáculo.

Es vital asegurar la comprensión de la línea delgada entre actos de acoso laboral, con la obligación de obedecer y ejecutar órdenes que garanticen la unidad de mando.

En conclusión, lo ocurrido en el Choco debe servir de reflexión sobre el fortalecimiento de la identidad institucional. La doctrina no es una sugerencia, es cimiento que constituye la confianza de una Nación en su Policía.