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Disminución alarmante del caudal del río Oibita preocupa a autoridades santandereanas

La disminución del caudal del río Oibita en Guapotá, que alimenta la Hidroeléctrica PCH San Bartolomé, preocupa a la Gobernación de Santander. El Gobernador solicitó a la CAS tomar medidas y se ha convocado una reunión para buscar soluciones.

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Disminución alarmante del caudal del río Oibita preocupa a autoridades santandereanas
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La disminución del caudal del río Oibita en Guapotá, que alimenta la Hidroeléctrica PCH San Bartolomé, preocupa a la Gobernación de Santander. El Gobernador solicitó a la CAS tomar medidas y se ha convocado una reunión para buscar soluciones.

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La significativa disminución del caudal del río Oibita, en el punto donde se desvía para el funcionamiento de la Hidroeléctrica - PCH San Bartolomé SAS ESP, ubicada en Guapotá, ha generado preocupación en la Gobernación de Santander. Según informes de la comunidad y la alcaldía local, esta reducción se ha venido registrando desde el viernes 1 de marzo.

El alcalde de Guapotá, Edisson Arley Cortes Vallejo, angustiado por la situación, ha estado realizando un seguimiento continuo al caudal desde el pasado 15 de febrero, con el fin de recopilar información detallada sobre la situación actual del río.

Ante esta emergencia ambiental, el Gobernador de Santander, MG (r) Juvenal Díaz Mateus, ha solicitado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), como autoridad ambiental, que tome medidas inmediatas para abordar la disminución del caudal y sus posibles implicaciones para el ecosistema local y las comunidades aledañas.

Con el objetivo de analizar la situación de manera integral y definir las acciones a seguir, la CAS ha convocado a una mesa técnica para el próximo jueves 7 de marzo. En esta reunión participarán los alcaldes de Guapotá, Chima, Guadalupe y Oiba, así como representantes de la Hidroeléctrica - PCH San Bartolomé SAS ESP, la Gobernación de Santander y organismos de control.

La Gobernación de Santander ha reafirmado su compromiso de recurrir a todos los recursos técnicos y legales disponibles para proteger los derechos de las comunidades afectadas y garantizar la preservación de los recursos naturales en la región.