Disputa por Isla Fiesta: ANT defiende recuperación del predio tras fallo que ordena devolverlo
Resumen
La ANT recuperó Isla Fiesta por ocupación irregular tras vencer un arrendamiento, pero un tribunal ordenó devolver el predio al empresario por presunto debido proceso.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Agencia Nacional de Tierras defendió su actuación en la recuperación de Isla Fiesta, ubicada en el archipiélago de Islas del Rosario, en medio de una disputa judicial con el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde, luego de que un fallo ordenara la restitución del predio.
Según explicó la entidad, la ocupación del terreno se remonta a 2002, cuando fue declarada indebida mediante actos administrativos. Posteriormente, el predio fue arrendado en distintos periodos hasta diciembre de 2023, pero tras el vencimiento del contrato, el empresario continuó utilizándolo sin autorización ni pago, lo que llevó a la ANT a considerarlo un ocupante irregular.
Ante esta situación, la Agencia Nacional de Tierras realizó la recuperación del predio el 27 de enero de 2026, con apoyo de la fuerza pública, argumentando que actuó en ejercicio de sus funciones para proteger bienes públicos. Además, señaló que el canon de arrendamiento, que históricamente era de poco más de 220.000 pesos mensuales, había sido actualizado a cerca de 11 millones de pesos, en línea con el valor comercial de la zona.
El caso tomó un giro cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de una decisión del magistrado Moisés Rodríguez, ordenó devolver el predio al empresario en un plazo de 48 horas, al considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. Frente a esto, la ANT manifestó su desacuerdo y anunció nuevas acciones legales, llevando el caso a instancias superiores.
Más allá del litigio puntual, la entidad cuestionó el modelo histórico de arrendamiento en la zona, señalando que durante años se habrían otorgado contratos con valores muy bajos a particulares en territorios de alto valor turístico. En ese sentido, advirtió que continuará con los procesos de recuperación de baldíos ocupados irregularmente.
Por su parte, la defensa del empresario sostiene que no se incumplieron las condiciones contractuales y que su actuación se basó en la legalidad del acuerdo vigente. Entretanto, el caso sigue en curso y será clave para definir el manejo de bienes públicos en zonas estratégicas del país.
