Duplican recompensa en Barrancabermeja por información sobre el asesinato de un policía
La Gobernación de Santander aumentó la recompensa a 30 millones por datos que ayuden a capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hammer Martínez, reflejando su respaldo a la fuerza pública y rechazo a la violencia.
La Gobernación de Santander aumentó la recompensa a 30 millones por datos que ayuden a capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hammer Martínez, reflejando su respaldo a la fuerza pública y rechazo a la violencia.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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El asesinato de un uniformado en Barrancabermeja activó una respuesta inmediata del Gobierno departamental: una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables del crimen que estremeció a la ciudad.
La Gobernación de Santander anunció el incentivo económico dirigido a ciudadanos que aporten información veraz y oportuna sobre el homicidio del patrullero de la Policía Nacional Hammer Martínez (foto), ocurrido durante el fin de semana en el Distrito Especial.
La medida busca acelerar el esclarecimiento de los hechos y asegurar que los autores materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia.
La oferta inicial, fijada por la administración distrital en 15 millones de pesos, fue duplicada por instrucción del gobernador Juvenal Díaz Mateus, como señal de respaldo institucional a la Fuerza Pública y de rechazo a la violencia contra quienes protegen a la comunidad.
Las autoridades señalaron que los datos pueden entregarse con absoluta reserva a través de las líneas 123 y 165, habilitadas por la Policía Nacional para este propósito. La confidencialidad del informante se mantiene como garantía central del proceso.
Desde la administración departamental se ratificó una política de seguridad con coordinación interinstitucional, apoyo ciudadano y acción judicial efectiva para preservar la convivencia regional.
