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Ecuador reconoce derecho a eutanasia por decisión judicial

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Resumen

La Corte Constitucional de Ecuador ha reconocido el derecho a la eutanasia para pacientes terminales en un histórico fallo a favor de Paola Roldán, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Este avance legislativo permite a los médicos practicar la eutanasia bajo condiciones específicas.

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La Corte Constitucional de Ecuador emitió una histórica sentencia a favor de Paola Roldán, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), reconociendo su derecho a acceder a una muerte digna mediante la eutanasia. Esta decisión marca un hito en la legislación ecuatoriana al condicionar la constitucionalidad del artículo 144 del código penal y establecer condiciones específicas para la práctica de la eutanasia por parte de médicos.

Con siete votos a favor de nueve magistrados, la Corte determinó que la eutanasia será constitucional siempre que sea solicitada de manera libre, informada e inequívoca por pacientes que sufran un intenso dolor debido a una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad incurable. El fallo también permite a los médicos realizar el procedimiento bajo estas condiciones, declarando la "constitucionalidad aditiva" del artículo 6 del Código de Ética Médica.

En respuesta, se declaró inconstitucional el artículo 90 del mismo código, que prohibía expresamente a los médicos acortar la vida de pacientes con enfermedades incurables. La sentencia ordena la preparación de una ley para regular la eutanasia, a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, así como la elaboración de un reglamento por parte del Ministerio de Salud Pública.

Paola Roldán, quien enfrenta una discapacidad del 95% debido a la ELA, ha sido una figura clave en esta lucha por el derecho a una muerte digna. A través de su caso, ha desafiado el enfoque tradicional de la legislación ecuatoriana y ha abierto el camino hacia una regulación más compasiva y humana de la eutanasia en el país.

Esta sentencia sitúa a Ecuador entre los países que reconocen el derecho de los pacientes terminales a decidir sobre el final de sus vidas, marcando un importante avance en la búsqueda de una legislación más inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.

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