EE. UU. investiga cómo un arma legalmente adquirida terminó en atentado contra Miguel Uribe
Resumen
La ATF investiga cómo una Glock 9 mm adquirida legalmente en Arizona llegó a manos del atacante del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Se sospecha del tráfico ilegal de armas y preocupa la infiltración criminal en cuerpos policiales, además de fallas en la seguridad del senador.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos abrió una investigación para esclarecer cómo una pistola Glock 9 mm, adquirida legalmente en Mesa, Arizona, terminó en manos del presunto sicario que atentó contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en Bogotá.
Según reveló el diario El Tiempo, el arma fue comprada en el almacén “Aji Port” por Charles Joe Anderson, un ciudadano estadounidense que realizó la transacción de forma legal. No obstante, su aparición en la escena del crimen en Colombia —transportada aparentemente a través de redes de tráfico de armas— ha encendido las alarmas tanto en Washington como en Bogotá.
El atacante, un menor de edad, fue identificado mediante cámaras de seguridad y según el presidente Gustavo Petro, habría permanecido durante horas en el parque El Golfito, lugar del ataque, realizando movimientos sospechosos. Petro también denunció una preocupante infiltración en la Policía Nacional y reveló seguimientos previos contra el senador Uribe y su hijo.
Uribe permanece hospitalizado en la Clínica Santa Fe, bajo un reforzado esquema de seguridad. Mientras tanto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, reconoció fallas en la protección inicial. El abogado Víctor Mosquera representa legalmente a la familia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió en Miami con agentes del FBI, buscando colaboración formal del gobierno estadounidense. Se indaga si la Glock pertenecía a lotes de entregas controladas por agencias federales que pudieron filtrarse a grupos como la Oficina de Envigado o carteles mexicanos.
El caso ha reavivado el debate sobre el tráfico de armas entre EE. UU. y América Latina, y las posibles conexiones con estructuras criminales locales.
