Ego político se impone sobre el interés nacional

Por: Felipe Rodríguez Espinel

La suspensión total de la ayuda norteamericana a Colombia que oscila entre 210 y 413 millones de dólares anuales no surgió como un rayo en cielo despejado, sino como la culminación previsible de una sucesión de decisiones diplomáticas temerarias por ambas partes. Lo que presenciamos no es simplemente un choque de políticas públicas divergentes, sino el fracaso estruendoso de dos líderes que han permitido que sus estilos confrontacionales y sus necesidades políticas internas prevalezcan sobre el bienestar de millones de personas.

Seamos claros desde el principio, la muerte del pescador de 40 años asesinado el 16 de septiembre en el mar Caribe, merece una investigación exhaustiva e imparcial. Si, como afirma el gobierno colombiano, la embarcación estaba a la deriva con el motor averiado en aguas territoriales, estaríamos ante una violación flagrante de la soberanía nacional y un homicidio que exige rendición de cuentas. El derecho internacional es inequívoco, las operaciones militares unilaterales en territorio soberano de otro Estado constituyen una afrenta que ningún país puede tolerar. Sin embargo, la forma en que el presidente Petro manejó esta tragedia legítima refleja una preocupante falta de cálculo estratégico.

Acusar públicamente al gobierno estadounidense de asesinato y violación de soberanía a través de redes sociales, sin antes agotar los canales diplomáticos tradicionales, fue una decisión que privilegió el impacto mediático sobre la efectividad práctica. ¿Acaso el presidente esperaba que Donald Trump, conocido por su temperamento volátil y su preferencia por la confrontación pública, respondiera con mesura y disposición al diálogo?

La respuesta de Trump al calificar a Petro como líder del narcotráfico ilegal y suspender toda la ayuda estadounidense fue igualmente irresponsable y desproporcionada. Colombia no es un Estado narco; es una democracia imperfecta pero funcional que ha sido el aliado más constante de Estados Unidos en la región durante más de cuatro décadas. Las acusaciones sin sustento contra un jefe de Estado democráticamente elegido no solo violan normas básicas de cortesía diplomática, sino que socavan los propios intereses estadounidenses de seguridad en el hemisferio.

Mientras los presidentes Petro y Trump intercambian insultos en redes sociales referencias literarias a García Márquez, por un lado, acusaciones de lunático con problemas mentales por el otro lado, millones de colombianos enfrentarán las consecuencias reales de esta ruptura. Las comunidades rurales en zonas de conflicto que recibían apoyo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial financiados en gran parte con recursos estadounidenses verán cómo se evaporan las oportunidades de titulación de tierras, desarrollo agrícola alternativo y presencia estatal. Estos no son proyectos abstractos; son la diferencia entre que una familia pueda sostener un cultivo legal de café o tenga que volver a sembrar coca para sobrevivir.

El ego político es un lujo que ni Colombia ni Estados Unidos pueden darse en este momento. La historia juzgará duramente a quienes, teniendo el poder de elegir la diplomacia sobre la confrontación, eligieron alimentar sus narrativas políticas a costa del bienestar de sus pueblos.