Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La decisión judicial para el cierre de El Carrasco no solo pone en riesgo la salud pública de los habitantes del área metropolitana, sino que además de la perjudica la estabilidad laboral de los más de 700 colaboradores y sus familias, quienes dependen del funcionamiento de la empresa pública de los bumangueses que, a su vez depende del relleno sanitario El Carrasco, con el agravante que nos encontramos en época decembrina..
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE
Horas después de que un juez administrativo ordenara imponer una millonaria multa a los mandatarios locales del Área Metropolitana de Bucaramanga por no acatar el fallo que ordena cerrar de inmediato El Carrasco, desde la Empresa de Aseo de Bucaramanga le contestaron al tribunal con un tono enérgico pero muy respetuoso para insistirle al togado que insistir en cerrar el relleno no es otra cosa distinta que poner en riesgo la salud de los habitantes del Área Metropolitana.
A juicio de la EMAB, al fallo judicial que hoy sanciona a los alcalde por desacato se llegó, sin mas ni más, por la mediocridad de los asesores jurídicos del momento, quienes no supieron afrontar con inteligencia el litigio, proceso que habría sido auspiciado por intereses particulares.
“La defensa de la EMAB en el fallo de primera instancia del año 2009 fue ineficiente y esto benefició el proyecto de Chocoa e intereses particulares. En conclusión, el objetivo siempre ha sido que el negocio de la disposición final de las basuras quede en manos de un privado, provocando la liquidación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga. La segunda instancia se falló en el año 2011 y jurídicamente desde esa fecha existe desacato, en este tiempo, han ocurrido problemas graves como el deslizamiento del 3 de octubre de 2018”, expresaron desde la EMAB, cuyas directivas no se explican por qué solo hasta ahora se falla el incidente de desacato.
“Durante todos estos años se han venido saneando los problemas técnicos heredados de las administraciones anteriores, sin intereses particulares y con la inversión más grande en la historia de El Carrasco. ¿Por qué no sancionó a los demás municipios o a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB?”, se preguntan desde la EMAB, al tiempo en el que insisten en asegurar que actualmente ya desaparecieron las causas que originaron la acción popular promovida por los habitantes del barrio el Porvenir.
Explican que el cumplimiento del fallo ha sido imposible, porque los estudios realizados para construir nuevos rellenos han demostrado que social y ambientalmente ha sido imposible la negociación con las comunidades a pesar de las gestiones realizadas por los municipios. Además, aseguraron que la implementación de nuevas tecnologías para la disposición final, han tenido dificultades, financieras, técnicas, jurídicas, ambientales y sociales que han impedido en el mediano plazo la consolidación de cualquiera de los proyectos propuestos con este fin, Ejemplo Vitalogic.
“Con las inversiones realizadas por la actual administración, el problema de El Carrasco no es técnico, ya que somos uno de los mejores rellenos sanitarios del país y tenemos una hoja de ruta clara. La problemática es jurídica y las decisiones que se toman como ordenar su cierre no solucionan el problema. El operador judicial y gran parte de los actores, no han logrado entender que el desarrollo de un nuevo proyecto requiere de la coordinación de actores como el Gobernador, el director de la Cdmb, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y no solamente con el Alcalde de Bucaramanga y el Gerente de la EMAB.
Igualmente, expresaron que a pesar de los problemas y los intereses individuales en el negocio de las basuras, se han realizado gestiones administrativas para el desarrollar de un nuevo proyecto que reemplace a El Carrasco, pero como sucede en todo el país ha sido imposible su consolidación por diversas causas, principalmente sociales.
“La EMAB y el relleno sanitario El Carrasco, han sido la única alternativa para disponer los residuos y garantizar la salud pública a 16 municipios de Santander, que constituyen el 74% de los residuos del departamento y no el problema como se interpreta en el fallo popular. Esto fue demostrado en agosto de 2021, cuando se le dio cumplimiento a la orden de cierre y se intentaron llevar los residuos a otros rellenos sanitarios como el de La Pradera, en Medellín y el de Las Bateas, en Aguachica, siendo ambas alternativas inviables desde el punto de vista financiero, social y ambiental”.
Finalmente, expresaron que este es un problema de país que no se soluciona con la judicialización de las problemáticas ambientales y de residuos requiriendo necesariamente la intervención del gobierno nacional especialmente desde el punto de vista financiero y normativo.
