El cartel de los títulos

Esta semana la noticia ha sido el llamado cartel de los títulos, revelado por las congresistas Jeniffer Pedraza y Katherine Miranda. La Fundación Universitaria San José estaba otorgando títulos a personas que, no habían cursado la carrera. De esto ya se había hablado antes; lo verdaderamente preocupante no es solo que el Ministerio de Educación y la Fiscalía no estén haciendo nada, sino la reacción del Presidente.

Las congresistas, con pruebas en mano, demostraron que al menos 22 personas que hoy trabajan para el Gobierno actual obtuvieron títulos irregulares en esta institución. ¿Cómo lo demostraron? Un título irregular se obtiene cuando la persona no cumple con los requisitos legales para graduarse y recibir el diploma. No es tan complejo: para entidades como la Fiscalía o el Ministerio sería suficiente ingresar a los sistemas académicos de la institución y verificar si los estudiantes realmente asistieron a clases. Eso, claramente, no pueden hacerlo las congresistas. Lo que sí pueden, y lo hicieron, fue revisar si las personas graduadas presentaron la prueba Saber Pro antes de obtener el título, un requisito obligatorio según el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009.

A eso se han dedicado: a revisar si los actuales funcionarios y contratistas del Gobierno obtuvieron el título antes de presentar la prueba Saber Pro. Es una forma sencilla, pública y completamente legal de identificar irregularidades. Y hablo de títulos irregulares, no de títulos comprados, porque no se puede demostrar que no asistieron a clases ni que pagaron por el diploma. Lo que sí se puede demostrar es que se graduaron sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.

¿Y cómo reaccionó el Presidente ante esta investigación? ¿Ordenó abrir una investigación desde el Ministerio de Educación o la Fiscalía para revisar las irregularidades denunciadas? No. Dijo lo siguiente, tan irreal que vale la pena citarlo completo: “Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que, para hacer votos, cogieron 22 personas humildes, muchas mujeres, madres cabeza de familia con hijos menores, para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa. Esta es la historia de las mujeres pobres del país, solas y con hijos, estudian y trabajan”. ¿Pero también se gradúan sin cumplir los requisitos legales?

Esta respuesta es una grosería para los jóvenes. La mayoría sabemos que la prueba Saber Pro se presenta cuando se ha cursado aproximadamente el 80 % de la carrera y que es la universidad la que envía la información para la inscripción: usualmente en sexto semestre en carreras de ocho semestres o en octavo en carreras de diez. Estas personas nunca presentaron la prueba dos semestres antes de terminar, como ocurre normalmente. Raro, por decir lo menos.

Más allá de eso, quienes estudiamos durante cuatro o cinco años, muchos trabajando al mismo tiempo, no tuvimos que recurrir a títulos irregulares. Por eso este caso golpea directamente a los jóvenes: ¿qué clase de mensaje envía el Presidente cuando valida prácticas irregulares en las instituciones de educación superior? Y todo esto sin mencionar que, además, salió a defender a Juliana Guerrero, a quien la misma universidad salió a decir no pasó por los salones de clase ni vio ninguna clase, lo peor es que todavía la tiene como representante de presidencia en la Universidad de Cesar.

Lo grave de este episodio no es solo el silencio institucional ni la torpeza del discurso presidencial, sino la normalización del atajo. En un país donde estudiar es caro, lento y desgastante, decir que el problema es “atacar a mujeres humildes” es una forma elegante de justificar la trampa. No se trata de pobreza, ni de maternidad, ni de persecuciones políticas: se trata de legalidad.