El ciclo vicioso entre la ilegalidad y el hambre en la explotación de oro que exacerbó el gobierno del cambio

En el corazón de las montañas colombianas, donde los metales preciosos prometen prosperidad, se está gestando una crisis silenciosa. Las empresas exportadoras de metales, pilares de la economía y fuentes vitales de empleo, están al borde del colapso debido a un sistema fiscal asfixiante diseñado para estrangular, en lugar de nutrir, a este sector crucial.

En febrero de 2025, el gobierno implementó impuestos temporales para enfrentar la crisis humanitaria en el Catatumbo. Entre las medidas adoptadas, se incluyó un gravamen del 1% sobre la primera venta de exportaciones de carbón y petróleo.

A esto se suma que, en octubre de 2024, la Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por un decreto que otorgaba al Ministerio de Ambiente la facultad de declarar zonas ambientales temporales por cinco años, renovables.

En otras palabras, cualquier burócrata de turno tendrá la libertad para decidir que zonas son protegidas, aun cuando sobre ese terreno halla un título de explotación ya otorgado.

Este decreto generó incertidumbre legal en el sector minero, lo que podría afectar la inversión extranjera y la producción minera en regiones como Santander, especialmente en proyectos de exploración de oro.

Imaginen un negocio donde los márgenes de utilidad son ya de por sí extremadamente estrechos, apenas suficientes para mantener las operaciones a flote. Ahora, añadan a esta precaria ecuación una serie de gravámenes fiscales exorbitantes que se aplican en cascada. El resultado es una receta infalible para el desastre financiero y un incentivo perverso hacia la informalidad.

Estas empresas se encuentran atrapadas en una red fiscal asfixiante, donde cada transacción está sujeta a múltiples capas de impuestos que erosionan cualquier posibilidad de ganancia. Este escenario no solo pone en riesgo la supervivencia de las empresas formales, sino que también está fomentando activamente la economía subterránea y el contrabando de metales preciosos.

La ironía es palpable: un sistema diseñado supuestamente para asegurar el cumplimiento fiscal está empujando a todo un sector hacia la iliquidez, la informalidad, o peor aún, hacia canales ilegales de comercialización que llevan al fortalecimiento de estructuras criminales que ahora parecen encontrar en el Estado su mejor aliado.

Las fronteras porosas de Colombia como la de Venezuela se están convirtiendo en rutas de escape para estos valiosos recursos, privando al país de ingresos legítimos y alimentando redes de contrabando, dato que se sustenta en la alerta que hizo la Procuraduría General de la Nación sobre que el 85% del oro exportado por Colombia provenía de actividades mineras ilegales.

Sobre el tema la Defensoría del Pueblo, en colaboración con la Universidad del Rosario, informó que más del 80% del oro exportado por Colombia provenía del mercado ilegal en 2023. Además, se estimó que la minería ilegal generaba entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ganancias anuales, financiando a grupos armados ilegales y contribuyendo a la degradación ambiental.

El impacto va mucho más allá de los balances financieros. Comunidades mineras enteras, cuya subsistencia depende exclusivamente de esta actividad, se ven forzadas a elegir entre el hambre y la ilegalidad. Familias que antes operaban dentro del marco de la ley ahora se encuentran atrapadas en un ciclo vicioso de informalidad y riesgo, perpetuando prácticas que el gobierno dice querer erradicar.

El Gobierno Nacional, en su ceguera ante esta realidad, está inadvertidamente fomentando un éxodo de riqueza mineral. Cada gramo de oro que cruza ilegalmente la frontera representa no solo una pérdida económica, sino un fracaso en la gobernanza y un golpe a la integridad territorial del país.

Estas empresas formales, lejos de ser el problema, son la solución. Son baluartes contra la informalidad y el contrabando, ofreciendo no solo empleos dignos sino también una vía para que los recursos naturales de Colombia beneficien realmente a sus ciudadanos y al fisco nacional.

El desinterés del Estado es más que negligencia; es un catalizador de ilegalidad. Mientras el gobierno se enfoca en políticas cortoplacistas, está creando un terreno fértil para actividades ilícitas que socavan la seguridad y el desarrollo sostenible del país.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de noviembre de 2023 indicó que el 73% de la explotación de oro de aluvión en Colombia se realizaba de manera ilícita, afectando más de 63.000 hectáreas. Los departamentos más impactados por esta actividad son Chocó, Antioquia y Nariño.

Es imperativo que el gobierno actúe ahora. Necesitamos una revisión urgente de estas políticas fiscales asfixiantes y un diálogo genuino con el sector. De lo contrario, Colombia no solo perderá empresas y empleos, sino que verá cómo sus valiosos recursos se desvanecen a través de sus fronteras, alimentando economías ilegales y dejando tras de sí comunidades devastadas y un Estado empobrecido.

El reloj está corriendo, y cada día de inacción fortalece las redes de informalidad y contrabando. Es hora de que el gobierno reconozca que una minería formal y bien regulada es la mejor defensa contra la ilegalidad y la fuga de recursos. La elección es clara: actuar ahora para salvaguardar la riqueza mineral de Colombia y el bienestar de sus comunidades, o ser cómplice silencioso de su desaparición en las sombras de la economía ilegal.