Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En las últimas semanas, el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 20 atentados por parte de la guerrilla. Estos ataques evidencian la necesidad urgente de que el sector privado y el Estado trabajen juntos en la gestión de crisis derivadas de la violencia. Lo alarmante es que, en lugar de enfocarnos en las soluciones, algunos aprovechan estas tragedias para lanzar acusaciones infundadas, insinuando corrupción o colusión con los grupos armados, poniendo en entredicho la integridad de quienes simplemente cumplen con su labor.
Un caso reciente lo ilustra perfectamente. Hace un año, un directivo de una importante empresa santandereana fue vinculado a un supuesto escándalo de corrupción relacionado con Ecopetrol. Aunque no existían pruebas sólidas, las acusaciones se basaron únicamente en la relación contractual entre una sociedad familiar y la estatal, sugiriendo una red ilícita. Estas denuncias no estaban respaldadas por hechos, sino que aprovechaban la mera existencia de contratos legítimos.
Este patrón de sembrar sospechas sobre el sector privado refleja una peligrosa distorsión moral. En lugar de valorar la bravura de quienes responden a las consecuencias de la violencia y brindan servicios cruciales para mitigar los daños, se prefiere señalar. ¿Es lógico culpar a una empresa por los derrames de petróleo provocados por actos terroristas? El absurdo llega al punto de insinuar que los empresarios se benefician intencionadamente de las tragedias causadas por el ELN.
Este tipo de campañas mediáticas no solo destruyen la reputación de individuos y familias que han trabajado durante generaciones por el desarrollo de las regiones, sino que también tergiversan el concepto de éxito. Lo que debería ser ejemplo de emprendimiento y carácter, se convierte en blanco de dudas y ataques.
Es necesario reflexionar sobre esta actitud. En un país como el nuestro, la economía depende en gran parte de la sinergia entre el sector público y el privado. Empresas que prestan servicios esenciales en zonas donde el Estado no puede cubrir todas las necesidades son fundamentales para el desarrollo. Sin embargo, parece que el hecho de firmar un contrato con el gobierno es suficiente para ser acusado de corrupción.
Lo más inquietante es que este discurso está en sintonía con las políticas del presidente Gustavo Petro, que continuamente alimentan un resentimiento de clases. Mientras los empresarios son atacados sin pruebas, el gobierno extiende garantías a grupos que han devastado el país por décadas. Esta paradoja es peligrosa: los que más contribuyen al crecimiento son vilipendiados, mientras quienes han generado caos son recompensados bajo la bandera de la paz.
Esto no solo aviva la noción errónea de que el éxito económico es inmoral (aunque es gasolina para los envidiosos), sino que, pudiendo fomentar un ambiente de cooperación que nos permita avanzar como nación, preferimos desconfiar y castigar a quienes han impulsado el desarrollo de sus comunidades.
Bucaramanga es un ejemplo claro de cómo el esfuerzo de familias comprometidas ha impulsado su crecimiento y su relevancia en el ámbito nacional. Deslegitimar ese trabajo con acusaciones vacías no solo es injusto, sino que también debilita el tejido institucional que tanto necesita el país. En lugar de seguir promoviendo la polarización y la desconfianza, debemos enfocarnos en construir un país donde el trabajo honesto y el progreso sean respetados y valorados. Solo así podremos superar las profundas heridas que nos ha dejado la violencia y alcanzar un futuro en el que las oportunidades y la paz sean una realidad para todos.
