Resumen
El Congreso de Colombia enfrenta un problema de corrupción, con denuncias de pactos secretos entre altos funcionarios y parlamentarios para aprobar leyes perjudiciales para la nación. Los fondos destinados a la gestión del riesgo de desastres se han malversado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Con treinta y seis (36) partidos políticos que conforman el Congreso de la República, la democracia de este país ha hecho metástasis y nadie responde por la suerte de esta nación, donde prevalece la vanidad y el empeño de enriquecerse con la contratación oficial, en una rapiña que hizo crisis con el escándalo de corrupción de la ‘Unidad Nacional de Control del Riesgo de Desastres’. Dos ministros del gabinete presidencial, Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior y Ricardo Bonilla, ministro de hacienda, que sigue aferrado al cargo porque así lo dispone el presidente Petro, junto con el Director de Seguridad Nacional, Carlos Ramón González, hicieron un pacto secreto para ‘comprar’ la conciencia de numerosos parlamentarios, que vendieron sus conciencias, para aprobar unas leyes que van en detrimento de los intereses de la nación, para destruir el sistema de salud, para quebrar los fondos de pensiones, para seguir politizando con ideologías extrañas todo el sistema educativo y el sistema judicial.
Se robaron hasta los computadores de la Consejería Especial para las Regiones, entidad dependiente del despacho del señor Presidente de la república, Gustavo Petro, donde está ubicada toda la información privilegiada en materia de contratación oficial. Que el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se haya convertido en el promotor de algunos contratos ficticios para obras invisibles en los territorios ocupados por las guerrillas del autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’, es una demostración de la falta de criterio, al momento de comprometer los dineros del presupuesto nacional.
Más de medio billón de pesos de la ‘Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres’ se distrajeron en los programas que propusieron más de veinte congresistas de diferentes partidos y matices, algunos de ellos de las llamadas ‘Curules de Paz’, es decir, de oscuros personajes cercanos a las organizaciones terroristas, que han convertido a Colombia en un inmenso cementerio. Una parlamentaria de esas que hace de testaferro de la guerrilla del ELN, estuvo presionando la entrega de millones de pesos para el departamento de Arauca, donde han sido desterrados los propietarios de fincas ganaderas, porque no aguantan el pago de los niveles de extorsión que se han dado en el territorio de la Orinoquía, refugio de bandidos que le han solicitado aportes al gobierno nacional de Gustavo Petro para autofinanciarse.
El Congreso de la República de Colombia, convertido en una ‘Cueva de Rolando’ ha perdido legitimidad. Algunos de los congresistas de los partidos históricos (Liberales y conservadores) y otros, de los nuevos partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, se mantienen firmes en la misión de purificar la democracia, pero muchos otros, de poca experiencia política, se han entregado a las ofertas palaciegas como mercenarios de la actividad política, que se entregan como prostitutas y venden sus conciencias, traicionando al pueblo de Colombia, que los convirtió en usufructuarios de los grandes negocios de la pandilla que se aferra al poder, a cualquier precio.
