El costo de la improvisación que está cobrando vidas

Por: Wilson Ruiz Orejuela

Hay decisiones que en el papel parecen técnicas, pero en la realidad son profundamente humanas. La salud es, quizá, el escenario donde más se evidencia esa diferencia. Por eso, la orden del presidente Gustavo Petro de avanzar hacia la liquidación de las EPS en crisis no puede verse como un simple ajuste administrativo, sino como una medida que pone en vilo a millones de colombianos.

No comparto la idea de que liquidar sea sinónimo de solucionar. Por el contrario, considero que es una decisión que puede agravar una crisis que ya es evidente. Hoy, entre las siete EPS intervenidas se concentran cerca de 12 millones de usuarios, una cifra que por sí sola refleja la magnitud del problema. No estamos hablando de un sector menor, sino de millones de personas que dependen directamente de este sistema para vivir.

Desde mi punto de vista, tomar una decisión de este calibre sin una transición clara, sin una estructura lista para responder y sin garantías reales para los pacientes, no es una reforma seria. Es una apuesta que puede terminar saliendo muy mal.

Porque aquí no se está discutiendo sobre empresas, sino sobre vidas. Sobre pacientes que tienen tratamientos en curso, enfermedades de alto costo, condiciones crónicas y necesidades urgentes. Pensar que el sistema puede absorber de manera inmediata a millones de usuarios, cuando ya presenta fallas estructurales, es desconocer la magnitud del problema. Y esa realidad ya está cobrando vidas.

El caso de Jeisson Pinzón es una muestra dolorosa de lo que está ocurriendo. Un joven con leucemia, con una tutela a su favor, terminó muriendo esperando un medicamento que nunca llegó. A esa tragedia se suma la del niño Kevin, otro caso que evidencia la negligencia y la incapacidad de respuesta de un sistema que, incluso con órdenes judiciales, no logra garantizar lo básico, la vida.

Aquí es donde el país no puede guardar silencio. ¿Quién responde por las personas que mueren esperando un medicamento? ¿Quién asume la responsabilidad por cada vida que se pierde en medio de la negligencia? Si hoy ya estamos viendo estos casos, es evidente que las decisiones que se están tomando pueden multiplicar las víctimas. Los casos se van sumando, uno tras otro, y el riesgo es que terminemos normalizando lo inaceptable. No podemos ser cómplices del olvido. No podemos pasar la página como si nada hubiera ocurrido. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia rota, una madre que perdió a su hijo. Y por ellas, por esas familias que hoy cargan con un dolor irreparable, el país tiene la obligación de alzar la voz y exigir respuestas. No son hechos aislados. Son advertencias.

Por eso insisto en que, si hoy, con un sistema que aún funciona parcialmente, ya estamos viendo este tipo de desenlaces, la liquidación masiva de EPS no corrige el problema, lo profundiza. Interrumpir tratamientos, trasladar millones de pacientes y recargar entidades que ya están saturadas no es una salida responsable.

Colombia necesita una reforma en salud, sí. Pero una reforma que parta de la realidad, que garantice continuidad, que proteja a los pacientes y que no genere más incertidumbre. Reformar no es destruir. Reformar implica corregir sin poner en riesgo lo que está en funcionamiento.

La salud no puede convertirse en un experimento ni en una apuesta ideológica. Requiere planeación, responsabilidad y, sobre todo, respeto por la vida de los colombianos.

Porque cuando las decisiones se toman sin dimensionar sus efectos, el costo de la improvisación que hoy estamos viendo, se está pagando con vidas.