El derrumbe del monopolio musical en Colombia: la batalla jurídica que enfrentó a un país contra Sayco y Acinpro

Lo que comenzó como la lucha de un pequeño grupo de abogados y empresarios terminó convirtiéndose en una reforma estructural. La cultura, esa que pertenece al pueblo, a los artistas, a los creadores y al público, no puede ser secuestrada por monopolios ni usada como instrumento de presión económica. Colombia acaba de redescubrir que el derecho de autor no es un negocio para unos pocos, sino una herramienta para garantizar que los creadores vivan dignamente y que la ciudadanía disfrute cultura en libertad y sin abusos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La sanción contra Sayco, y el golpe simultáneo al sistema que amparaba a Acinpro, marca un antes y un después. Durante décadas, millones de comerciantes, empresarios, operadores de espectáculos y pequeños propietarios de negocios en Colombia creyeron que no tenían alternativa: si querían sonar música en su local, realizar un concierto o simplemente prender un televisor en una peluquería, estaban obligados a pagarle a Sayco y Acinpro.

Pero no porque existiera una obligación legal sino porque Sayco y Acinpro empleaban estrategias coercitivas y expropiatorias para amedrentar a los empresarios y comerciantes, de tal manera que incluso en ocasiones se presentaban como si fueran una institución estatal.

De negarse a pagar, decían los recibos, advertencias y visitas de cobradores, enfrentarían cobros jurídicos, sanciones, cierres y hasta demandas penales. Ese modelo, que se consolidó como un monopolio fáctico, terminó por caer en una de las decisiones regulatorias más contundentes de los últimos años.

Uno de los artífices de esta realidad es Andrés Vázquez, consultor jurídico y director de la Solución Colombia, una empresa dedicada a ayudar a comerciantes y a empresarios a pagar los derechos de autor con empresas independientes, y lo mejor, con precios concertados por la ciudadanía, tal y como lo demanda la ley.

Recientemente, Vázquez celebró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionara a Sayco y a ocho de sus directivos con más de $5.300 millones, y aseguró en conversación con EL FRENTE que esa decisión abrió la puerta para que más de un millón de establecimientos comerciales del país puedan cumplir la ley sin tener que someterse a tarifas impuestas ni a un único operador.

Vázquez Vargas representa ese frente jurídico que durante los últimos cuatro años se ha movido en silencio para combatir a Sayco y Acinpro, lucha gracias a la cual el tema ingresó al radar de autoridades, alcaldías, Procuraduría y medios nacionales, al tiempo que ha realizado una intensa pedagogía a la ciudadanía para que conozcan sus derechos y protejan su bolsillo.

Así, lo que antes parecía una pelea marginal contra un gigante intocable, hoy se convirtió en una cruzada nacional por la legalidad, la libre competencia y la protección tanto de los creadores como de los usuarios.

“Hoy, después de años de litigio, la SIC acaba de desbaratar el presunto monopolio de Sayco y Acinpro. Durante décadas hicieron creer a más de un millón de establecimientos que estaban obligados a pagar ‘facturas’ que nunca fueron facturas, sino cotizaciones. Y peor aún: hicieron creer que eran la única autoridad certificada en Colombia”.

Según Vázquez, el origen del problema es sencillo y devastador: Sayco y Acinpro actuaban como si fueran entidades públicas, cuando en realidad son empresas privadas sin facultad legal para obligar o sancionar a ningún usuario.

Durante años, explica el abogado, estas organizaciones imponían tarifas sin concertación, enviaban “cobros prejurídicos” que generaban pánico en comerciantes, realizaban visitas intimidantes, y se presentaban como la “autoridad única” en materia de derechos de autor, “Todo ello, pese a que el Gobierno Nacional ya había habilitado la existencia de otras empresas autorizadas, como Dinalo Upidir y varias compañías habilitadas para certificar el cumplimiento del requisito legal a costos razonables y sin coacciones”, indicó Vázquez quien aseguró que el caso terminó por alcanzar un momento cumbre cuando la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que Sayco había incurrido durante años en abuso de posición dominante, restricción de la competencia, prácticas contractuales abusivas, y un modelo que perjudicaba tanto a los creadores como al público.

Una estrategia de abuso

“Lo que ha ocurrido es una presunta extorsión masiva a más de un millón de establecimientos. Han aprovechado el desconocimiento de los usuarios para imponer cobros impositivos que han afectado gravemente la economía del país”. La palabra “extorsión”, aunque dicha bajo el amparo de la presunción jurídica, no es menor.

La SIC no tipifica delitos, eso corresponde a la Fiscalía, pero sí concluye que hubo coerción, abuso y engaño. Las investigaciones determinaron cinco ejes críticos:

1. Contratos abusivos a los creadores: Sayco obligaba a los autores a entregar todas las modalidades de comunicación pública sin posibilidad de reserva o manejo individual.

Los compositores no podían decidir dónde o cómo administrar sus obras.

2. Bloqueo a la gestión individual de derechos: La SIC documentó que varios creadores intentaron modificar sus contratos para recuperar autonomía, pero fueron sistemáticamente bloqueados por la entidad.

3. Incumplimiento de órdenes regulatorias desde 2016: Durante casi una década, Sayco ignoró instrucciones de adecuación que habrían permitido una gestión más transparente y menos coercitiva.

4. Discriminación en tarifas internas: Se cobraba un recargo del 10% a titulares administrados, mientras los asociados no pagaban esa tarifa. Sin embargo, quienes pagaban más no recibían los beneficios de los socios.

5. Hostigamiento a usuarios y comerciantes: La Superintendencia recogió decenas de pruebas donde se evidencian estrategias de presión, cobros prejurídicos y mensajes intimidantes.

¿Corrupción en la

Alcaldía de Jaime Andrés?

Un hecho clave en la caída del monopolio ocurrió el 14 de octubre, cuando la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 017, firmada por el procurador Gregorio Elhach.

Allí, el ente disciplinario advirtió a los alcaldes del país que no podían obligar a los comerciantes a pagarle exclusivamente a Sayco y Acinpro, pues esto violaba la libre competencia y la normatividad vigente.

El documento reveló que muchos mandatarios locales habrían actuado por desconocimiento, intereses particulares o presión externa.

Uno de los casos más polémicos fue el de Bucaramanga, donde según Vázquez funcionarios del gobierno de Jaime Andrés Beltrán citaron a operadores de conciertos en Neomundo, llevaron a Sayco y Acinpro como si fueran una dependencia más del municipio, y promovieron ante los empresarios la idea de que era obligatorio pagarles exclusivamente.

“Eso fue violatorio de la ley”, dijo el consultor jurídico. Y deja ver que existían intereses económicos profundos”, expresó Vázquez, quien atestiguó las presiones que ejerció la Alcaldía de Bucaramanga en favor de Sayco y Acinpro.