El dinero en las sombras

Por: Felipe Rodríguez Espinel

La revelación del informe de la UIAF sobre los movimientos bancarios del presidente Petro ha dejado una cifra que resuena con fuerza en el debate público, 757 millones de pesos retirados en efectivo durante poco más de dos años. Tres mujeres del círculo más cercano al mandatario fueron las encargadas de mover este dinero, la mayoría a través de corresponsales bancarios y cajeros automáticos. El monto, por sí solo, genera interrogantes que van más allá de la legalidad formal de las tarjetas amparadas.

Nadie discute el derecho del presidente a autorizar terceros para manejar sus cuentas personales. Las tarjetas amparadas son un mecanismo bancario legítimo. Sin embargo, cuando quien gobierna el país permite que funcionarias públicas de alta jerarquía retiren cantidades millonarias en efectivo, la conversación trasciende lo jurídico y entra en el terreno de lo político y lo ético. ¿Por qué un gobierno que ha construido su discurso sobre la lucha contra la corrupción y la defensa de los más vulnerables necesita mover tales sumas fuera del sistema bancario tradicional?

Los números son elocuentes. La hoy es embajadora en Reino Unido, retiró más de 350 millones de pesos entre cajeros y corresponsales bancarios. En una sola jornada llegó a extraer seis millones. La exsecretaria del presidente sacó 51 millones de pesos en un día de diciembre de 2023. Estas no son cantidades que alguien retira para gastos cotidianos. Son operaciones que demandan explicaciones claras y detalladas. El informe no señala irregularidades penales, es cierto. Pero tampoco ofrece claridad sobre el destino de esos recursos. Y ahí radica el problema central: la opacidad. En un país donde millones de ciudadanos viven con salarios de dos o tres millones mensuales, resulta difícil comprender por qué alguien necesita retirar en efectivo lo que muchas familias no ganan en años enteros.

El gobierno solo se limita a recordar que las tarjetas amparadas son legales y que el dinero proviene del salario presidencial. Válido, pero insuficiente. La pregunta no es si Petro puede disponer de su dinero, sino por qué elige hacerlo de una manera que evita el rastro digital que ofrecen las transferencias bancarias. En tiempos donde la transparencia es una exigencia democrática básica, el efectivo es el refugio de quien prefiere no dejar huellas. Este caso no es menor porque involucra a quien ha hecho de la moralidad pública su bandera política. Petro llegó al poder prometiendo un gobierno diferente, alejado de las prácticas oscuras de administraciones anteriores. Pero estos 757 millones retirados en billetes generan dudas sobre qué tan distinto es realmente este gobierno.

Necesitamos respuestas concretas. ¿Para qué se requería tanto efectivo? ¿Quién autorizaba cada retiro? ¿Qué controles internos existen para garantizar que el dinero se destinó a fines legítimos? Sin estas explicaciones, el informe de la UIAF no es un acto de transparencia, sino una ventana que deja ver más sombras que luces. Y en democracia, quien pide la confianza del pueblo debe estar dispuesto a rendir cuentas sin medias tintas.