El dinero no crece en los árboles

En Colombia también tenemos pirámides. Y no, no me refiero a pirámides como las de Guiza, en Egipto, sino a las estafas piramidales. En el año 2008, durante el segundo periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante el Decreto 4333 de 2008 se declaró el Estado de Emergencia Social, debido a la quiebra de múltiples empresas que operaban bajo estos esquemas fraudulentos, lo que ameritó la consecuente y necesaria intervención del Estado. No obstante, casi veinte (20) años después, las dinámicas propias de este tipo de estafas siguen aún presentes en el país.

En primer lugar, debemos entender: ¿qué es una estafa piramidal? En términos simples, se trata de un sistema fraudulento cuyo propósito es generar ingresos mediante la captación de un número cada vez mayor de supuestos inversores. Me explico. A través de la promesa de altos rendimientos —es decir, buenas ganancias sobre la inversión inicial—, un primer grupo de personas aporta su dinero bajo la idea de un negocio que, en apariencia, generará utilidades. Sin embargo, los rendimientos que reciben no provienen de ninguna actividad productiva, sino del dinero aportado por quienes ingresan posteriormente a la pirámide. En otras palabras, los supuestos beneficios se pagan con los recursos de los nuevos participantes.

En ese sentido, podemos encontrarnos con dos (2) tipos de esquemas: el abierto y el cerrado. En el primero, los participantes conocen —al menos en teoría— la estructura del sistema, por lo que no estarían siendo engañados. Sin embargo, en la práctica muchos no son informados adecuadamente o no comprenden realmente el funcionamiento del esquema. Por lo general, este tipo de pirámide abierta consiste en que el grupo inicial debe realizar una inversión y mantenerla hasta que ellos mismos incorporen a un nuevo grupo de referidos. Con la inversión de estos nuevos participantes se pagan las supuestas ganancias de quienes ingresaron primero.

Por otro lado, en el esquema cerrado los participantes no son conscientes ni tienen conocimiento de la estructura piramidal. Son víctimas del engaño de una supuesta inversión a la cual acceden habitualmente mediante el voz a voz, pero sin la obligación explícita de referir a otras personas. Aun así, el esquema mantiene la misma lógica fraudulenta y termina configurando una pirámide. El término más famoso de este tipo es el Esquema Ponzi, que debe su nombre al estafador italiano Carlo Ponzi.

En todo caso, no debe perderse de vista que, en ocasiones, estos esquemas se combinan o utilizan la venta y distribución de productos como una forma de aparentar legitimidad. No obstante, es importante no confundirlos con el denominado marketing multinivel, que es un método de venta directa de productos a los consumidores sin intermediarios. Estos modelos, aunque en ocasiones generan polémica, no son negocios ilegales per se, pues se encuentran reglamentados y están sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. Ejemplos de empresas legales de venta directa y multinivel en el país son Yanbal, Nu Skin y Herbalife.

 Apariencia de una empresa legítima

 Volviendo al punto de ambos esquemas, es de este modo que el pequeño grupo de promotores que se encuentra en la cima de la pirámide requiere una base cada vez más grande de inversores para sostener el sistema, generando ganancias para los primeros a costa de los últimos y así sucesivamente, hasta que, por cuestiones matemáticas, la pirámide inevitablemente colapsa.

 Ese fue el caso de Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo) y de muchas otras pirámides basadas en simples esquemas Ponzi que, a finales de 2008, encendieron las alarmas del Gobierno. La quiebra de estas estructuras fraudulentas desencadenó la crisis que motivó la expedición del decreto mencionado al inicio. Sin embargo, fue a partir de este contexto que salió definitivamente al radar el caso piramidal más famoso: DMG, cuyas siglas corresponden a David Murcia Guzmán.

 David Murcia construyó un sistema mucho más complejo, combinando elementos de ambos esquemas previamente descritos. Según Transparencia por Colombia, DMG operaba mediante un mecanismo de venta de tarjetas prepago que podían utilizarse para adquirir bienes y servicios ofrecidos por los comercios asociados a la empresa —como supermercados o tiendas de electrodomésticos—. El componente piramidal surgía principalmente cuando se les devolvía a los depositantes, total o parcialmente, los recursos entregados por la compra de las tarjetas, a tasas muy superiores a las del mercado financiero tradicional.

 De esta forma, DMG no solo generaba la apariencia de ser una empresa legítima, sino que además ocultaba una compleja red de relaciones comerciales interconectadas entre las compañías vinculadas a David Murcia, apoyándose en falsedades contables que dificultaban el rastreo de los recursos. Todo esto continuó hasta que el Estado, mediante facultades otorgadas por el Decreto 4334 de 2008, intervino la compañía en noviembre de ese mismo año. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2009, David Murcia fue condenado como coautor de los delitos de lavado de activos agravado (arts. 323 y 324 del Código Penal) y de captación masiva y habitual de dinero (art. 316 del Código Penal), cuya punibilidad fue endurecida por el Decreto 4336 de 2008, expedido en desarrollo del decreto que declaró el Estado de Emergencia.

Con base en el informe de 2024 sobre Pobreza y Equidad del Grupo Banco Mundial, puede concluirse que Colombia sigue siendo un país con múltiples factores que facilitan el desarrollo y la consolidación de este tipo de fraudes. Esta realidad puede entenderse como un mercado desequilibrado de oportunidades, pues cuando las alternativas formales —acceso a empleos de alta calidad, créditos justos, educación superior e incluso financiera— son escasas o se concentran en una minoría, se genera un vacío que fácilmente es llenado por ofertas informales y engañosas que prometen el camino a la riqueza que el sistema formal les ha negado. Tampoco es coincidencia que estos esquemas suelan surgir en regiones marginadas y olvidadas. Sin desconocer, claro está, a quienes, movidos por la ambición, buscan hacerse ricos de la noche a la mañana. Un ejemplo reciente es el fraude de OmegaPro y su director para América Latina, Juan Carlos Reynoso, tema que quedará para otra columna.

En síntesis, es fundamental no caer en negocios que prometen ganancias rápidas, privilegian el reclutamiento por encima de la venta de productos reales, ofrecen dinero fácil sin esfuerzo y carecen de pruebas de ingresos genuinos provenientes de consumidores externos. Pero, sobre todo, es importante recordar que el dinero no crece en los árboles.

*Estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de los Andes