El escándalo en la Unidad de Víctimas y su relación con el departamento de Santander
Resumen
La Procuraduría investiga un contrato de la Unidad para las Víctimas por irregularidades como desvío de poder y fallas en la contratación pública, tras la salida de su director Romero Polanco. Analizan cambios de personal sin criterios justificados.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato de tercerización suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con una empresa especializada en la externalización de procesos de negocio.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Hace pocas semanas el Presidente Gustavo Petro ordenó declarar la insubsistencia del entonces Director de la Unidad de Víctimas, el santandereano Adith Rafael Romero Polanco, cuya salida fue presionada desde la rotativa de la Revista Semana donde se reveló una investigación periodística en la que se detalló que durante la gestión de Romero Polanco, de escasos 7 meses y medio, convirtió a la entidad en un verdadero fortín político en el que supuestamente estaría beneficiándose de manera indirecta el senador santandereano, y actual aspirante a esa misma corporación, Gustavo Adolfo Moreno.
Aunque Romero Polanco aseguró irse tranquilo y destacó su trabajo mencionando avances en la atención a las víctimas, lo cierto es que habrían sido más los daños que los aciertos. Precisamente, en atención a las graves denuncias contra el exdirector de la entidad que pretende velar por la dignificación del papel de las víctimas en Colombia, la Procuraduría General de la Nación inició una actuación disciplinaria que busca determinar si se habrían presentado hechos relacionados con presuntas fallas en la contratación pública, manejo irregular de personal y eventuales vulneraciones de derechos laborales.
Según informó el Ministerio Público, la queja que dio apertura a la investigación actual fue radicada en 2025 y advierte sobre decisiones administrativas y contractuales consideradas de “extrema gravedad”. Entre ellas, la presunta sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existan, al menos preliminarmente, soportes técnicos objetivos que respalden dichas decisiones.
“La denuncia señala la ausencia de evaluaciones técnicas documentadas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito que justifiquen los cambios. También menciona posibles desmejoras deliberadas en las condiciones salariales del personal involucrado en el marco del bilateral. Adicionalmente, la Procuraduría analiza si pudieron configurarse conductas como desviación de poder, extralimitación de funciones y coadministración indebida, figuras que, de comprobarse, podrían derivar en responsabilidades disciplinarias para los funcionarios involucrados”, informó a EL FRENTE un portavoz del organismo de control, quien detalló que la investigación está a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, la cual ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos.
“La Unidad de Víctimas es la entidad encargada de implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en el marco de la Ley 1448 de 2011. Su operación implica la gestión de miles de procesos administrativos y jurídicos relacionados con indemnizaciones, medidas de rehabilitación y restitución de derechos”, destacó la Procuraduría general de la Nación, cuya fuente oficial lamentó que una entidad encargada de velar por ubicar en el centro del debate a las víctimas del conflicto armado en Colombia se haya utilizado por la politiquería.
Violencia laboral
Cabe recordar que en los últimos años, varias entidades públicas han recurrido a esquemas de tercerización para optimizar costos y agilizar procesos. Sin embargo, estos modelos también han sido objeto de cuestionamientos cuando se considera que pueden afectar la estabilidad laboral, la calidad del servicio o los principios de transparencia y mérito en la administración pública.
Expertos en contratación estatal han advertido que, si bien la externalización es una herramienta legal, debe cumplir estrictamente los principios de planeación, responsabilidad, selección objetiva y protección de los derechos laborales.
La indagación abierta por la Procuraduría no implica, por ahora, la formulación de cargos ni la determinación de responsabilidades. Se trata de una fase preliminar orientada a recaudar pruebas y verificar la veracidad de los hechos denunciados. Dependiendo de los hallazgos, el organismo de control podría archivar la actuación o avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.
