El Estado Infiltrado

Por: Felipe Rodríguez Espinel

Colombia enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes que trasciende los escándalos políticos habituales. Lo revelado por la investigación de Noticias Caracol sobre la presunta infiltración de las disidencias de las FARC en los organismos de inteligencia del Estado no es simplemente otro caso de corrupción, es la evidencia de que las instituciones encargadas de protegernos podrían estar comprometidas desde adentro.

Pensemos en lo que esto significa. Un general del Ejército y un alto funcionario de inteligencia, según los documentos incautados, habrían compartido información clasificada con grupos armados ilegales. No hablamos de filtraciones accidentales o errores administrativos. Los archivos sugieren reuniones coordinadas, intercambio de códigos militares secretos y hasta la propuesta de crear empresas fachada para legalizar el armamento guerrillero. Si estos señalamientos tienen fundamento, estamos ante la traición institucional más grave de las últimas décadas. Lo verdaderamente alarmante es la presunta cadena de complicidades que esto revela. Los dispositivos fueron incautados en julio de 2024, pero permanecieron en manos de la Fiscalía durante más de un año sin investigación aparente. La misma fiscal que ordenó la liberación inmediata de los capturados, argumentando su condición de gestores de paz, mientras en sus computadores reposaban evidencias de presuntos delitos graves. ¿Cuántas operaciones militares fallaron por información filtrada?

El presidente Petro ha respondido negando todo y atribuyendo la información a la CIA y a manipulación con inteligencia artificial. Pero sus propias defensas resultan contradictorias: primero dice que los chats son falsos, luego que la presentación es engañosa, después que él mismo investigó y descartó los vínculos. Cada versión contradice la anterior, mientras la Procuraduría ya suspendió a los funcionarios involucrados y la comunidad internacional pide investigaciones serias.

Pero hay algo aún más preocupante que los hechos específicos: un licenciado en educación física sin experiencia militar ni en inteligencia, asciende vertiginosamente hasta controlar decisiones clave en la DNI. El general Huertas, retirado en 2021 tras advertencias de la CIA sobre vínculos con grupos armados, es reintegrado y puesto a cargo del Comando de Personal, desde donde decide ascensos y traslados. ¿Casualidad o diseño?

Las FARC llevan décadas intentando penetrar las instituciones. Lo inédito es la posibilidad de que esto haya ocurrido con anuencia o posible negligencia desde los niveles más altos del poder. Cuando quienes deben proteger al Estado negocian con quienes buscan destruirlo, el concepto mismo de seguridad nacional se desmorona.

Este escándalo exige respuestas inmediatas y contundentes. Análisis forenses independientes e internacionales de toda la evidencia incautada. Investigaciones penales y disciplinarias que no dependan de quienes están siendo señalados y una auditoría completa de los procesos de paz que permita identificar si otros gestores de paz están usando ese estatus para infiltrar instituciones.

No podemos permitirnos que esta crisis se diluya en el ruido político habitual. No se trata de partidos ni ideologías, se trata de preservar la capacidad del Estado para defender a sus ciudadanos. Cuando los guardianes pactan con el enemigo, todos quedamos indefensos. Y esa es una situación que ninguna democracia puede tolerar.