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El Fiscal soy yo

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Por: Reynaldo Pérez

Tal vez, uno de los roles más difíciles que puede tener un funcionario público, es el de pertenecer a una rama del poder sometida a una dictadura militar, esta situación no fue ajena al cono sur del continente, aquí en nuestro país en pleno ejercicio del estatuto de Turbay tuvimos tribunales militares que tenían la potestad de juzgar civiles, como lo diría el General en retiro Zapateiro en su última columna de opinión, “para tener el control del Binomio, Nación-Territorio”. Las extralimitaciones y la vulneración de DDHH causadas por las dictaduras militares, aun son irreparables.

Cuando el ordenamiento jurídico interno no puede garantizar el ejercicio pleno de derechos para sus ciudadanos, tal como sucedió en las dictaduras, se convierten en crímenes de lesa humanidad, esto se dio porque no existía independencia en las ramas del poder público, muchos funcionarios judiciales, administrativos, fiscales, debieron guardar silencio frente a estas extralimitaciones, ellos involuntariamente debían guardar silencio, la libertad de opinión, expresión y pensamiento según las dictaduras, atentaban contra los intereses del Orden Institucional y del Binomio, Nación-Territorio, precisamente eso es lo que se acaba con la concentración de poder, desaparecen las libertades individuales y colectivas.

En el proceso de restauración democrática y el restablecimiento de Derechos Humanos en la Argentina, el fiscal Julio César Strassera (Q.E.P.D), en “El Juicio de Las Juntas” juzgando a militares que habían gobernado a sangre y fuego el país, escribió uno de los alegatos finales más humanos que no solo describieron la tragedia de las víctimas de Jorge Rafael Videla y compañía, también señalo la tragedia vivida por la rama judicial,  invocando la “conciencia jurídica universal”, buscando fuerzas para dignificar nuevamente a la administración de justicia de su país, pero especialmente para reclamar justicia.

Existe una lección de humildad que el entonces fiscal Julio César Strassera le dio al mundo Jurídico, en especial a quienes después ocuparan cargos en el ente acusador, redacto un alegato con una carga de realidad social y jurídica nunca antes vista,  nadie se había atrevido a tanto en Argentina, “Señores Jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad, para cerrar está requisitoria, quiero utilizar una frase que no me pertenece,  porque pertenece ya a todo el pueblo Argentino, señores Jueces, NUNCA MÁS”, no voy a decir que el ente acusador en Argentina después de la década de los 80 no tuviera agenda política, pero el alegato final del fiscal Julio César Strassera, no puede ser ajeno a nuestra realidad jurídica en el país.

Colombia ha tenido alrededor de 12 fiscales entre encargados y quienes han sido elegidos en sus correspondientes ternas, curiosamente una sola mujer, pero la gran mayoría de los elegidos han tenido agenda política, no podemos dejar de lado al último Fiscal electo, el Fiscal Francisco Barbosa, su premisa siempre ha sido la de tener una “pretensión de originalidad”, un protagonismo mediático, al mejor estilo de cuando el exdiputado Sigifredo López fue capturado por una nariz. Las cifras de impunidad en el país son escandalosas, ocultadas por su soberbia monárquica y también su desbordada he inservible vanidad intelectual, sumada a su inocultable agenda política autoproclamándose como “el mejor fiscal de la historia”.

La Fiscalía debe vincular a su planta de personal investigadores y abogados, la megalomanía de Barbosa lo llevo a contratar en el 2020 a un estratega político, hoy, a punto de terminar su periodo constitucional, pretende ponerle agenda política a la ya varias veces maltratada Corte Suprema de Justicia. En la Constitución Política no encontramos de forma taxativa una jerarquización de poderes, pero ya conocemos la diferencia entre un funcionario público sometido por una dictadura, y el funcionario público con vocación de dictador.

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