Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Si usted es de los que cree que el gobierno nacional intervino el Hospital Regional del Magdalena por un problema de saneamiento fiscal, que al día de hoy asciende a poco más de tres mil millones de pesos, entonces pregúntele al presidente Gustavo Petro ¿Por qué se gastó 2.294 millones de pesos en un concierto para apoyar en la distancia al pueblo palestino y no se los entregó al hospital del único municipio donde ganó con tranquilidad las elecciones en Santander? Definitivamente para este gobierno es más importante ser felicitado por los grupos terroristas del medio oriente que obtener el agradecimiento del pueblo que cifró sus esperanzas en él.
Bajo una gran mentira la Superintendencia de Salud, en manos del médico Luis Carlos Leal Angarita, decidió intervenir forzosamente esta empresa social del Estado para imponer al Fisioterapeuta Luis Francisco Torres Castro como agente interventor. Torres es un militante del Polo Democrático en Santander, auspiciador de las campañas de Iván Cepeda Castro al Senado de la República, ficha de la Senadora por lista cerrada del Pacto Histórico Gloria Inés Flórez Schneider, socio de una empresa en salud a la cual renunció en el mes de abril del presente año y un admirador del sistema de salud cubano según lo manifiestan dos personas cercanas al país que ya tuvo la oportunidad de visitar de forma muy orgullosa en un momento de su vida.
Nadie en el sector médico da cuenta de que Torres Castro hubiese pertenecido al registro de interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia de Salud (RILCO), a la cual se podía pertenecer una vez se presentara un concurso de méritos desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, en el cumplimiento de la Resolución 2599 del 2016, una decisión legal que buscaba que las entidades de salud no fueran manejadas por interventores inexpertos o personas sin las capacidades administrativas para unos procesos de tanta responsabilidad.
Esta Resolución fue modificada en ocho ocasiones desde el momento de su expedición, de las cuales dos de ellas llaman profundamente la atención, no solo porque fueron durante este gobierno, sino también, porque cambiaron las exigencias técnicas para crear a cambio de eso un banco de hojas de vida donde cualquiera podía presentar su nombre.
Si para este gobierno un médico y un tegua no guardan diferencia alguna, no podía esperarse que las fueran a encontrar entre un verdadero gerente y un activista político para salvaguardar la salud de los barranqueños. Un funcionario de la Superintendencia asegura que Torres Castro jamás presentó su hoja de vida en ese proceso y que la misma fue presentada desde el sector político, con lo cual terminan burlándose otra vez de la meritocracia que tanto proclaman.
Que a nadie se le olvide que este desastre comenzó en manos del ex gerente Armando Segura Evan y no en manos de Ana María Martínez Galvis, a quien ahora sin el conocimiento histórico pretenden acribillar. Alístense porque van por todo.
