El impuesto al patrimonio empresarial: una mala señal para la inversión

Por: José Román González Rodríguez*

En momentos en que la economía colombiana necesita recuperar dinamismo, reactivar la inversión y fortalecer la confianza empresarial, la propuesta de extender el impuesto al patrimonio al sector corporativo abre un debate económico profundo. Aunque este gravamen suele presentarse como una herramienta redistributiva y de recaudo fiscal, aplicarlo a las empresas puede resultar no solo ineficiente, sino también contraproducente para el crecimiento económico.

El impuesto al patrimonio empresarial grava el valor de los activos netos de las compañías, es decir, su capital acumulado, independientemente de si generan utilidades o no. En la práctica, esto significa que empresas con grandes activos productivos —maquinaria, infraestructura o capital invertido— deben pagar el impuesto incluso en periodos de baja rentabilidad o pérdidas. Desde el punto de vista económico, esto introduce una distorsión importante: se grava el capital productivo en lugar de la renta que este genera.

El problema se agrava en el contexto actual. La inversión empresarial en Colombia ha venido cayendo en los últimos años y se encuentra en niveles históricamente bajos como proporción del PIB. En ese escenario, imponer un tributo adicional sobre el patrimonio equivale, en la práctica, a penalizar la reinversión y la capitalización empresarial. Es decir, castiga precisamente a las compañías que deciden fortalecer su estructura productiva y apostar por el crecimiento de largo plazo.

Tampoco es claro que el impuesto cumpla con el objetivo redistributivo que suele atribuírsele. A diferencia de lo que ocurre con el patrimonio de las personas naturales, en las empresas la propiedad está distribuida entre múltiples actores: inversionistas institucionales, pequeños accionistas e incluso millones de afiliados a fondos de pensiones que son propietarios indirectos de grandes compañías. En ese sentido, gravar el patrimonio empresarial termina afectando también el ahorro de largo plazo de los ciudadanos.

Desde una perspectiva técnica, además, el impuesto introduce riesgos de doble tributación. Los activos de las empresas ya están reflejados en el patrimonio de sus accionistas, por lo que gravarlos nuevamente a nivel corporativo implica cobrar dos veces sobre la misma base de riqueza. A esto se suman los complejos procesos de valoración de activos empresariales, que suelen generar litigios, altos costos administrativos y menor eficiencia en el sistema tributario.

No sorprende, por ello, que la tendencia internacional haya sido reducir o eliminar este tipo de impuestos. En Europa, donde hace dos décadas varios países aplicaban gravámenes al patrimonio, hoy subsisten solo contadas excepciones. La evidencia muestra que estos tributos generan más distorsiones económicas que beneficios fiscales sostenibles.

Si el objetivo es fortalecer las finanzas públicas y reducir la desigualdad, el debate debería concentrarse en políticas que impulsen la productividad, la competencia y la formalización económica. Sin crecimiento y sin inversión, cualquier estrategia fiscal termina siendo insostenible.

En ese contexto, insistir en un impuesto al patrimonio empresarial no solo envía una señal negativa a los inversionistas, sino que llega en el peor momento posible para una economía que necesita, ante todo, confianza, capital productivo y visión de largo plazo.

* Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Universidad de América