El Precio del Poder
Resumen
La reciente captura de funcionarios judiciales en Colombia revela una red de corrupción que extorsionaba a investigados y traficaba información, cuestionando la integridad del sistema de justicia. La Fiscalía investiga el acceso irregular a datos sensibles.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Juanita Tovar
La noticia de la semana no solo remueve los cimientos de la Fiscalía, sino que deja al descubierto una de las fracturas más peligrosas en la estructura de la justicia colombiana: la corrupción desde adentro. La captura del hijo de una reconocida fiscal de Barranquilla, junto con una excoordinadora del CTI y un investigador, por presuntamente integrar una red que extorsionaba a investigados y, al parecer, traficaba con información reservada, no es un hecho aislado. Es el reflejo de una enfermedad que carcome silenciosamente las instituciones desde su propio corazón.
Según las investigaciones, esta red utilizó el poder del Estado como una herramienta de presión económica. No eran delincuentes comunes: eran funcionarios y familiares de quienes, paradójicamente, debían garantizar la rectitud del proceso penal. En julio de 2024, fingiendo órdenes judiciales presuntamente falsas, realizaron inspecciones en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, para luego, según los hallazgos, exigir al alcalde una suma de 140 millones de pesos a cambio de archivar un supuesto proceso de corrupción en su contra.
El caso adquiere un matiz aún más grave cuando uno de los implicados es Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, una funcionaria que ha tenido a su cargo procesos de alto perfil en la región Caribe. Que su nombre esté siquiera rozado por esta trama obliga a preguntarnos hasta qué punto las relaciones personales están permeando los despachos judiciales y, sobre todo, quién controla a los que deben controlar.
La Fiscalía ha anunciado una auditoría interna para determinar si hubo manipulación del SPOA —el sistema que guarda los secretos del proceso penal colombiano— y si se accedió de forma irregular a expedientes de estructuras criminales como Los Costeños. Pero lo que preocupa no es solo lo que se descubra, sino lo que no se ha querido mirar durante años: el uso del poder judicial como moneda de cambio, como herramienta de chantaje o como escudo de impunidad.
El problema no radica únicamente en el delito, sino en el daño simbólico. Cada escándalo de este tipo erosiona un poco más la credibilidad de la justicia ante los ciudadanos. Porque si desde dentro se trafica con información reservada, ¿qué garantías le quedan al ciudadano común? ¿Qué confianza puede tener un testigo, una víctima o un procesado cuando los corruptos visten toga o portan el carné del CTI?
La captura de los funcionarios fue legalizada el pasado martes, pero la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento se realizará el viernes 31 de octubre. Los implicados podrían enfrentar los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, falsedad en documento público y acceso abusivo a un sistema informático. Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía indican que, a Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, se le imputaría también el delito de concusión.
La justicia enfrenta hoy una prueba que va más allá de este caso puntual: demostrar que aún puede limpiar su propia casa. Si la impunidad termina protegiendo a quienes deben proteger la ley, la sociedad no solo pierde la confianza en sus instituciones, sino también la esperanza de que la verdad prevalezca. Porque cuando el poder se convierte en negocio, la justicia deja de ser justicia y se transforma en mercancía.
