Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Fundación Participar
Desde el primer mes del año, el país ha tenido noticias sobre una cuestionable inversión de recursos públicos nacionales en servicios suntuosos, innecesarios y onerosos, que en nada corresponden a la satisfacción del interés colectivo y que si representan un contrasentido en la política de austeridad y eficacia en el gasto público.
En Santander, la incorrecta utilización del erario no es extraña, basta con recordar los diversos escándalos de presuntos sobrecostos en la compra de productos como, hamburguesas (rondando los $88 mil pesos) o de raquetas (por más de $3 millones de pesos), por parte de la anterior administración departamental.
En la última medición del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2018, denominado “Mejor gasto para mejores vidas” reveló que además la ineficiencia del gasto de Colombia, llegó a 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB), que, para la fecha del estudio, rondaba la cifra de los $45 billones de pesos y posicionaba al país como el quinto puesto en ineficiencia en la región de América Latina y el Caribe. En este sentido, el componente de compras públicas, el malgasto colombiano llegó al 1,5% del PIB.
El panorama no ha mejorado sustancialmente desde la fecha del estudio, por lo que es imprescindible volver a poner el foco en el cumplimiento del principio de la eficacia del gasto público, como elemento fundamental para invertir los limitados recursos del erario en la resolución de las reales y múltiples necesidades sociales y económicas de cada territorio.
El concepto de eficacia del gasto público, especialmente en la contratación estatal, implica obtener los máximos resultados con los recursos disponibles, en términos de soluciones certeras a las necesidades colectivas.
Para lograr una adecuada relación calidad-precio en el gasto público, se requiere la incorporación de tres principios básicos: economía (cantidades y calidades adecuadas), eficiencia (menor costo por el mismo servicio), efectividad (logro de resultados). Y por el contrario, administraciones que malgastan, suelen tener altos riesgos de corrupción, baja innovación, bajo recaudo tributario y baja inversión social.
La meta, es entonces, alcanzar la mejor relación costo-calidad, en el desarrollo de los procesos contractuales, los cuales además deberán responder a los principios de transparencia, libre competencia, economía e integridad. Para ello, la fase de planeación es torna fundamental, pues es precisamente en la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la compra pública, donde se inicia la búsqueda de la mejor solución posible con un análisis concienzudo de precios, alternativas y oferta en el mercado para poder lograr las mejores adquisiciones en beneficio del interés general.
Los mandatarios locales, en este cuatrienio, deberán generar mejores estimaciones de la relación costo-beneficio en las inversiones públicas, para evitar incurrir en gastos innecesarios, generando mejores niveles de ahorro y efectuando las compras públicas, de obras, bienes y servicios, de un modo racional, sin despilfarros ni sobrecostos.
(*) Columnista Invitada. Marcela Pabón: directora Comité Transparencia por Santander.
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