El saqueo silencioso a las regiones

Por: Felipe Rodríguez Espinel.

La emergencia económica decretada por el Gobierno nacional no es solo un problema de constitucionalidad o de formas jurídicas. Es, en el fondo, un golpe directo contra las finanzas de los departamentos colombianos que amenaza con desmantelar décadas de construcción de autonomía territorial. Y lo más grave es que se está haciendo bajo el argumento de la urgencia, esa misma urgencia que curiosamente aparece cuando el Congreso dice no.

Diecisiete gobernadores no se rebelaron por capricho. Lo hicieron porque conocen de primera mano lo que significa para un departamento perder el control sobre sus rentas principales. El Decreto 1474 contiene una disposición que debería alarmar a cualquiera pues todo ingreso departamental que supere el IPC debe transferirse a la Nación. Lean bien esa frase. Si un departamento mejora su recaudo, si combate el contrabando, si hace una gestión eficiente, el premio es entregarle el fruto de ese esfuerzo al gobierno central. Es castigar la buena gestión.

Los departamentos dependen estructuralmente de dos rentas: licores y cigarrillos. El Huila podría perder hasta 114.000 millones de pesos. Y no estamos hablando de dineros superfluos, sino de recursos que pagan médicos, maestros y programas deportivos.

La paradoja es dolorosa. Mientras el Gobierno alega no tener alternativas de financiamiento, en diciembre emitió bonos por 23 billones de pesos. La propia Corte Constitucional le ha pedido explicaciones sobre esta contradicción. ¿Cómo se declara una emergencia por falta de recursos cuando simultáneamente se accede al mercado de capitales por cifras astronómicas? Hay algo más inquietante todavía. El precedente del Catatumbo demostró que este Gobierno opera bajo una lógica perversa: recaudar primero, litigar después y no devolver nunca. Cuando la Corte tumbó aquellas medidas tributarias, los recursos ya estaban gastados. Nadie vio un peso de regreso. Ese patrón se está repitiendo, pero ahora a una escala mucho mayor y con consecuencias directas sobre la capacidad de los departamentos para cumplir sus funciones básicas.

La ironía histórica tampoco puede ignorarse. El mismo Gobierno que hoy acusa a los gobernadores de usurpar funciones de la Corte Constitucional, usó hace pocos meses la excepción de inconstitucionalidad para convocar una consulta popular que el Senado había rechazado. Esa doble moral no pasa desapercibida. Si la figura era válida para el Ejecutivo, ¿por qué resulta reprochable cuando la invocan las autoridades territoriales para defender sus competencias constitucionales? La Constitución del 91 diseñó un país descentralizado. Las rentas territoriales no son favores del gobierno central, son derechos de las entidades territoriales. Este decreto no solo vulnera esas garantías, sino que establece un precedente peligroso: cada vez que el Ejecutivo necesite recursos, puede declarar una emergencia y exprimir a los departamentos.

Colombia no se construye desde el centro hacia las regiones. Se construye desde los territorios hacia la nación. Este decreto invierte esa lógica y nos devuelve al centralismo que creíamos superado. Las consecuencias las pagarán los ciudadanos de a pie cuando los hospitales no tengan recursos, cuando los programas deportivos se cancelen, cuando la educación regional se debilite. Esa es la verdad.