Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Después de dos décadas de despojo en el sur de Bolívar a manos de grupos armados, 50 familias campesinas desplazadas son reparadas por el Gobierno nacional con la entrega de títulos de propiedad de sus tierras.
“El 26 de octubre de 2003, los grupos paramilitares que tenían asiento en Papayal (Bolívar) nos llamaron a todos los campesinos de ASOCAB (Asociación de Campesinos de Buenos Aires) que habitábamos en la hacienda Las Pavas y nos dijeron: el que vaya a joder a Las Pavas, va a pasar como los que ven bajar por el río”, comenta Misael Payares, líder social de esa región.
Ante esa situación de vida o muerte, Misael y más de 120 familias que habitaban esas tierras en el sur de Bolívar se vieron sometidos al exilio. El desplazamiento forzado masivo al que se enfrentaron fue registrado en medios de comunicación del país, al igual que muchos otros casos en esa época.
Las Pavas es una hacienda de más de tres mil hectáreas ubicada en jurisdicción del corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón. Fue una hacienda ocupada por Jesús Emilio Escobar Fernández, mejor conocido como ‘El Ñoño’, hermano y testaferro del narcotraficante del cartel de Medellín, Gustavo Escobar Fernández, quien abandonó el predio a finales de los 90.
Largo camino al retorno
En 2005, los campesinos de ASOCAB regresaron a la región y pidieron al antiguo Incoder que declarara la hacienda en extinción de dominio por la no explotación económica del predio, buscando que se les adjudicara para vivir y labrar esa tierra para cultivar alimentos.
Entre 2006 y 2007, a pesar de que el Incoder había iniciado un proceso de extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere, los campesinos fueron nuevamente desplazados por grupos armados. Al poco tiempo la hacienda fue vendida a la empresa Aportes San Isidro y sembrada con un extenso cultivo de palma de aceite y los pocos campesinos que quedaban fueron desalojados por la policía.
Para 2010, el Incoder ya tenía alertas sobre irregularidades en la tradición del inmueble y ASOCAB solicitó al Incoder la clarificación de propiedad sobre las restantes 1.700 hectáreas de la hacienda, debido a que no se encontró el título que demostrara la transferencia realizada por la Nación a favor de un tercero y se podría tratar de tierras baldías.
Este caso de resistencia campesina resultó tan emblemático que ASOCAB recibió el Premio Nacional de Paz en 2013, y aunque la Unidad de Víctimas asumió la protección de las familias, los siguientes años se vieron enmarcados en enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa, los campesinos, desmovilizados de grupos armados, y hasta avivatos.
Ese mismo año el Incoder decretó extinción de dominio de los tres predios: Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, que suman 1.300 hectáreas. Sobre las 1.700 ha restantes estableció que realmente eran dominio del Estado por tratarse de baldíos de la nación y podían adjudicarse a campesinos sin tierra.
En medio de los procesos de extinción y clarificación que desarrolló el Incoder también tuvieron cabida decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, encaminadas a la protección de las familias campesinas, la empresa propietaria para ese entonces, y la posibilidad de recuperar bienes baldíos de la nación, todo lo cual se tardó más de dos décadas.
En 2017, habiéndose dado la transición del Incoder a la actual Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional solicitaron a la nueva entidad avanzar en los procesos de extinción de dominio y clarificación de la propiedad. En 2018, cuando parecía hacerse justicia por los desplazamientos de la comunidad, la Fiscalía absolvió a los posibles responsables y nuevamente el caso quedó en el limbo jurídico.
A finales de 2021, durante el gobierno Duque, la indiferencia de la Agencia Nacional de Tierras no sorprendió a los campesinos que seguían esperando la adjudicación de esas tierras, pues sus abogados indagaron sobre el proceso y la respuesta que encontraron no pasó de caracterizaciones agronómicas y sociales, lo que equivale a dilaciones administrativas que impedían a las familias de ASOCAB acceder a la propiedad rural como lo permite la ley.
Todo este enredo jurídico de más de dos décadas llegó a su fin en 2024, con la entrega de 50 resoluciones de adjudicación por cerca de 1.000 hectáreas a familias campesinas de la antigua hacienda Las Pavas, gracias a las decisiones de fondo de la actual administración de la ANT en cabeza de Felipe Harman, quien viajó desde días antes de la entrega hasta el sur de Bolívar y se puso las botas para recorrer una tierra próspera en la cual las familias de ASOCAB podrán ser, por fin, propietarias legítimas de la tierra que tanto han querido.
La entrega de tierras, que estuvo liderada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, en compañía de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, no podía hacerse en otro lugar que en la controversial hacienda Las Pavas, y contó con la presencia de los campesinos de ASOCAB y otros labriegos de los predios Chipre I y Chipre II quienes también fueron beneficiarios.
