Empresario, esté pilas: gobierno endurece sanciones contra la tercerización ilegal
El Gobierno expidió un decreto que endurece las sanciones contra la tercerización e intermediación laboral ilegal y amplía las facultades de inspección y sanción del Estado.
El Gobierno expidió un decreto que endurece las sanciones contra la tercerización e intermediación laboral ilegal y amplía las facultades de inspección y sanción del Estado.
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El Ministerio del Trabajo anunció la expedición del Decreto 0581 de 2026, una norma que fortalece las medidas para combatir la tercerización e intermediación laboral ilegal y amplía las facultades de inspección, vigilancia y sanción del Estado frente a prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores.
Según la cartera laboral, las empresas que incurran en estas conductas podrán ser sancionadas con multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción mientras esta persista.
Además, la autoridad laboral podrá revocar o negar licencias de funcionamiento y suspender temporalmente actividades cuando se evidencien afectaciones graves a los derechos laborales.
El decreto establece criterios para identificar cuándo una tercerización es legal y cuándo se utiliza para ocultar la responsabilidad del empleador sobre trabajadores que desarrollan actividades permanentes dentro de una empresa.
La norma también fortalece las herramientas de inspección para detectar prácticas de intermediación ilegal y sancionar el uso indebido de figuras como cooperativas de trabajo asociado o contratos sindicales cuando sean empleadas para evadir obligaciones laborales.
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, uno de los principales objetivos es combatir la denominada simulación laboral, situación que ocurre cuando una relación de trabajo subordinada es presentada como un contrato de prestación de servicios o una contratación externa para reducir costos laborales.
La cartera señaló que esta medida busca enfrentar fenómenos de precarización laboral que históricamente han afectado a miles de trabajadores vinculados mediante esquemas de intermediación, generando inestabilidad, dificultades para acceder a prestaciones sociales y limitaciones para el ejercicio de derechos colectivos.
Asimismo, el decreto busca cerrar vacíos normativos que permitían el uso abusivo de determinadas figuras de contratación, especialmente en sectores donde se han denunciado altos niveles de tercerización de actividades misionales y permanentes.
El Ministerio precisó que la norma no prohíbe la tercerización legítima de servicios especializados como tecnología, logística o consultoría.
Sin embargo, establece mayores controles para garantizar que estas modalidades no sean utilizadas para desconocer derechos laborales fundamentales como la seguridad social, las prestaciones legales y la estabilidad en el empleo.
La entidad explicó que los trabajadores vinculados a través de intermediarios podrán ser objeto de revisión cuando las condiciones reales de prestación del servicio indiquen la existencia de una relación laboral directa con la empresa beneficiaria de su trabajo.
En consecuencia, algunas compañías podrían verse obligadas a adelantar procesos de formalización laboral cuando se determine que determinados trabajadores cumplen funciones permanentes dentro de la organización.
"Se acabó el abuso de disfrazar empleos permanentes como contratos temporales", afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
