Resumen
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU concluye que las empresas deben contribuir a la verdad y reparación del conflicto armado en Colombia. Enfatiza la necesidad de integrar a las empresas en justicia transicional para combatir la impunidad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU concluyó que es fundamental que las empresas aporten a la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado. En junio de 2025, se presentará el informe final al Consejo de Derechos Humanos, con las conclusiones y recomendaciones de la visita a Colombia.
La falta de reconocimiento de las vulneraciones a los derechos humanos causadas por empresas durante el conflicto armado dificulta la construcción de confianza y espacios de diálogo entre estas y las poblaciones afectadas. Esa fue la conclusión a la que llegaron Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong, expertas del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante su visita de doce días a Colombia, el equipo de expertas recorrió Putumayo, La Guajira, Antioquia y Bogotá. En la rueda de prensa, en la que presentaron sus conclusiones, informaron como parte del trabajo investigativo sostuvieron encuentros con entidades territoriales y nacionales, incluida la JEP, y dialogaron con liderazgos sociales y representantes de Pueblos Indígenas, la población campesina, afrocolombiana y diversas organizaciones sociales.
En su informe preliminar, Hopenhaym y Yeophantong recomendaron incluir a las empresas en la justicia transicional como un camino para contrarrestar la impunidad y abordar la deuda de verdad y diálogo. “El grupo de trabajo considera que la inclusión de las empresas en la competencia automática de la JEP podría contribuir significativamente a la nutrición de cuentas de actores no estatales en la justicia transicional y a la lucha contra la impunidad", dijeron.
La observación se hizo teniendo en cuenta que la Sentencia 174 de 2017 de la Corte Constitucional derogó su competencia para investigar a estos actores, dejando su sometimiento como voluntario. En otras palabras, su juez natural es la justicia ordinaria, que es la que tiene competencia para investigarlos. A la fecha, 184 personas, entre terceros civiles, agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública y participantes de protestas sociales, se han sometido voluntariamente a la JEP.
Las expertas de la ONU destacaron el Caso 08 de la Sala de Reconocimiento de Verdad como un avance en la lucha contra la impunidad que existe en cuanto a crímenes perpetradas por empresas que violaron los derechos humanos. Sin embargo, subrayaron la importancia de que “las instancias nacionales correspondientes actúen de forma diligente, sin dilaciones y con cooperación por parte del sector privado" para que las empresas, sus ejecutivos o representantes legales asuman responsabilidades.
De acuerdo con la información entregada, este proceso se desarrolla en un contexto donde el conflicto “sigue aumentando los riesgos para los derechos humanos y perpetuando los daños". Por ello, hicieron un llamado a las empresas públicas y privadas “a comprometerse profundamente con un proceso de reconciliación que solo es posible mediante el reconocimiento de las afectaciones históricas sufridas por las comunidades y una contribución sustantiva a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición".
Asimismo, invitaron al Gobierno a intensificar los esfuerzos destinados a proteger los derechos humanos.
Las expertas de la ONU resaltaron que en el marco del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado, la Sala de Reconocimiento de la JEP haya citado el pasado 7 de mayo al excontratista de la empresa Drummond, Jaime Blanco Maya, para esclarecer las alianzas con grupos paramilitares en el norte del país.
Aunque el país fue el primero de la región en desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en 2015 y otro en 2020, las expertas señalaron que su implementación y mecanismo de seguimiento no ha sido satisfactorio. Sin embargo, ven una oportunidad de mejora en espacios participativos de construcción de política pública para que las víctimas accedan a reparaciones efectivas por esas violaciones a los derechos humanos relacionadas con empresas.
Para la ONU no es suficiente que existan mecanismos y políticas de protección a los derechos humanos en contextos de actividades empresariales, pues la fragmentación de jurisdicciones y acciones no facilita el acceso a derechos a las víctimas. Según cifras entregadas por las expertas, en 17 años de investigación de la justicia transicional se constituyeron 18.000 compulsas a la Fiscalía General de la Nación sobre cerca de 439 casos, mencionados en 35 sentencias, que dan cuenta de la coordinación y financiamiento del sector empresarial con diferentes actores armados.
Estas conclusiones y recomendaciones forman parte del proceso en el que el país está inmerso para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Las expertas afirmaron que “Colombia necesita una transición justa, basada en la protección y el respeto de los derechos humanos, especialmente de los más marginados". Para lograrlo, es necesario un compromiso de todas las partes involucradas y la creación de sinergias a nivel institucional.
