En la reforma a la salud, se juega con la vida
Resumen
El gobierno insiste en una reforma a la salud que elimina las EPS sin definir un plan claro para su sustitución. Esta propuesta transfiere las responsabilidades al Estado, generando caos en la atención médica y desatendiendo órdenes judiciales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: José Darío Salazar Cruz
Este gobierno es tozudo y terco cuando se trata de concretar sus propósitos, sin importarle la gravedad de los problemas que generen sus decisiones. Después de que en abril del año anterior la comisión VII del senado de la Republica archivo el proyecto de ley sobre la reforma a la salud, la administración Petro volvió a presentar el mismo proyecto a la cámara de representantes, en la cual como en la vez anterior fue aprobada sin dilaciones en su comisión VII y en la plenaria de dicha corporación.
Ahora irá a la comisión VII del senado de la Republica y quizás corra la misma suerte del año anterior, cuando esta comisión constitucional la archivo. Es lo obvio porque el proyecto no ha cambiado, es el mismo; plantea, como eje central la eliminación de las EPS, como aseguradoras y responsables de los pacientes, sin que quede claro qué entidad asumirá el riesgo de los enfermos. Y este no es un detalle menor. Las EPS, han sido las responsables del seguimiento de sus usuarios, de asignarles especialistas y autorizar sus tratamientos, de articular los servicios que se les prestan y de velar por la entrega oportuna de los medicamentos.
La propuesta gubernamental transfiere todas las responsabilidades al Estado, como la de transferir los dineros de la salud, que será asumida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), pero no define que entidad será el nuevo garante del aseguramiento integral de los pacientes, funciones entre las que deben estar: hacer el seguimiento a un paciente, autorizar un procedimiento de alto costo, articular la entrega de medicinas y sobre todo velar porque sea atendido oportuna y eficazmente.
La entidad gubernamental que se denomina Adres, según el proyecto concebido por el gobierno, será auditora y ordenadora de todos los recursos para pagar los servicios médicos, los tratamientos y procedimientos quirúrgicos a los hospitales, y a los gestores farmacéuticos. ¿Qué entidad asignará las citas y la remisión de los pacientes a los especialistas? Los llamados Caps., ósea los centros de atención primaria en salud que el gobierno aspira a construir en barrios y corregimientos de los municipios a donde tendrán que ir los dolientes vecinos, para que los receten y si lo creen necesario les asignen especialistas, función que antes hacían las EPS, con una infraestructura robusta y articulada, que no será fácil reemplazar eficazmente por la tradicional burocracia de la administración pública.
Los Caps. según el proyecto del gobierno se construirán, a través de un fondo alimentado con recursos públicos pero regido por las normas de contratación del derecho privado, lo mismo sucederá con la construcción de la infraestructura hospitalaria, lo que sin duda disparará la corrupción pues en materia de contratación se burlará la selección objetiva. Mientras el gobierno insiste en su propuesta descabellada de reformar el sistema de la salud para apropiarse de su manejo, la quiebra de las EPS, inducida por la falta de pagos adeudados por el ministerio de salud, es una realidad que está causando estragos en la salud de los pacientes; la burla del ministro de salud a las órdenes de la Corte Constitucional para que apropie los recursos suficientes para el funcionamiento de la salud ha sido sistemática.
Mientras esto sucede, la atención a la salud intervenida por funcionarios del gobierno se vuelve caótica, prueba de ello los constantes cambios de los interventores de las EPS y su manejo ineficiente que viene cobrando víctimas humanas a diario por la falta de una atención oportuna y ahora, por el desabastecimiento de medicamentos ante la mora en el pago oportuno a los proveedores por parte del gobierno nacional. El silencio de los órganos de control que tienen la función de velar por la conducta de los funcionarios públicos es inquietante, máxime habiéndose producido mandamientos de la Corte Constitucional que no se pueden burlar por estos, pues hacerlo constituye delito, denominado fraude a resolución judicial.
