En Santander hay 1.798 sedes rurales educativas en mal estado: clamor del Coronel Blanco en la Cámara

La educación en Santander enfrenta una deuda que ya no admite más espera. Mientras miles de niños y jóvenes asisten diariamente a clases, 1.798 sedes educativas rurales del departamento se encuentran en mal estado y 42.591 estudiantes reciben formación bajo cubiertas de asbesto, una situación que pone nuevamente sobre la mesa el reclamo ciudadano por contar con colegios seguros, dignos y adecuados para aprender.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La alerta fue planteada por el representante a la Cámara por Santander, coronel Guillermo Blanco, quien aseguró que el problema de la infraestructura educativa no puede seguir relegado frente a otras prioridades de la administración pública.

Según el congresista, no se trata simplemente de reparar paredes, techos o aulas deterioradas. Detrás de las cifras, sostuvo, están las condiciones en las que miles de estudiantes santandereanos desarrollan su proceso de formación y el derecho que tienen a estudiar en ambientes que garanticen seguridad y dignidad.

“En Santander, 1.798 sedes educativas rurales se encuentran en mal estado y 42.591 estudiantes reciben clases bajo cubiertas de asbesto. Esta no es solamente una discusión de infraestructura: estamos hablando de la seguridad, la dignidad y el futuro de nuestros niños y jóvenes”, manifestó Blanco.

Ante este panorama, el representante anunció la presentación del Proyecto de Ley 279 de 2026 Cámara, iniciativa que busca autorizar al departamento de Santander para crear la Estampilla Pro Educación Preescolar, Básica y Media, con una emisión de hasta 800.000 millones de pesos destinada exclusivamente al mejoramiento de la infraestructura educativa oficial.

La propuesta pretende convertirse en una fuente estable de financiación para atender una problemática que durante años ha sido advertida en diferentes municipios, especialmente en las zonas rurales, donde las dificultades de acceso y las limitaciones presupuestales han hecho más compleja la recuperación de las sedes educativas.

Uno de los objetivos planteados es intervenir las instituciones que presentan mayor deterioro y avanzar en la sustitución de 233.366 metros cuadrados de cubiertas de asbesto, además de mejorar las condiciones físicas de los establecimientos donde estudian miles de niños y adolescentes.

El proyecto, sin embargo, contiene una precisión que el congresista considera fundamental: la aprobación de la ley no significaría que la estampilla comenzaría a cobrarse de manera automática.

La iniciativa únicamente habilitaría el mecanismo. Posteriormente, correspondería a la Asamblea Departamental de Santander expedir la respectiva ordenanza y reglamentar su aplicación, con una tarifa máxima del 2 por ciento.

La propuesta también contempla mecanismos para evitar que los recursos terminen diluyéndose en gastos administrativos. De acuerdo con el proyecto presentado, los dineros tendrían destinación específica y serían administrados mediante un Fondo Cuenta Especial, mientras que los gastos operativos tendrían un límite del 1,5 por ciento.

Además, se plantea la obligación de publicar la ejecución de los recursos y el avance de los proyectos, buscando que la ciudadanía pueda conocer cuánto dinero ingresa, en qué se invierte y cuáles son las obras efectivamente realizadas.

Para Blanco, el desafío consiste en que la discusión sobre la educación santandereana deje de concentrarse únicamente en cobertura o resultados académicos y vuelva la mirada hacia las condiciones materiales en las que estudian los alumnos.

El reclamo ciudadano, en ese sentido, apunta a una realidad elemental: no basta con garantizar que los estudiantes lleguen a las aulas si esas aulas presentan deterioro, tienen cubiertas cuestionadas o carecen de las condiciones necesarias para desarrollar dignamente las actividades escolares.

Santander enfrenta ahora el debate sobre cómo financiar esa transformación. El Proyecto de Ley 279 de 2026 apenas comienza su recorrido por el Congreso, pero pone sobre la mesa una necesidad que difícilmente puede seguir esperando: que los colegios del departamento, particularmente los rurales, dejen de ser los olvidados de la inversión pública y se conviertan en escenarios seguros y dignos para formar a las nuevas generaciones.