Resumen
El presidente salvadoreño Nayib Bukele comienza su segundo mandato entre críticas por la detención de líderes sociales y limitada aprobación internacional. Logró la reelección tras modificar la Corte de Justicia y afronta desafíos económicos y crecientes críticas de derechos humanos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La captura de líderes sociales y el apoyo internacional limitado han marcado la segunda toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien fue reelegido a pesar de prohibiciones constitucionales. Bukele se presentó a su reelección después de modificar la composición de la Corte de Justicia, que lo habilitó para competir nuevamente.
Cinco días antes de su segunda toma de posesión, Bukele ordenó el despliegue de miles de soldados y policías en Apopa, un suburbio de San Salvador, y en el centro de la ciudad donde jurará su segundo mandato. Este despliegue incluyó la detención de tres líderes sociales críticos del gobierno, entre ellos José Santos Melara, un veterano de guerra y líder de protestas.
Durante su primer mandato, Bukele implementó un régimen de excepción que limita los derechos constitucionales y ha estado en vigor desde marzo de 2022. Esta medida fue tomada tras la ruptura de un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18. A pesar de las críticas, estas políticas de seguridad han llevado a una disminución significativa en los homicidios y la actividad de las pandillas.
La toma de posesión se realizará en el Palacio Nacional renovado, con asistencia de líderes internacionales como el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, y el presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, la economía y la salud financiera del Estado representan grandes desafíos para Bukele. La pobreza aumentó durante su primer mandato, y la deuda pública ha crecido rápidamente.
Bukele logró la reelección modificando la interpretación constitucional a través de una corte afín y ha consolidado el control de todas las ramas del gobierno. La prensa independiente y la oposición enfrentan constantes amenazas y restricciones.
El régimen de excepción ha llevado a un incremento masivo en la población carcelaria, con denuncias de tortura y muertes en custodia estatal. Estas acciones han generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la erosión de la democracia y el surgimiento de una dictadura incipiente en El Salvador.
