Epa Colombia sigue buscando salir a casa por cárcel

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, sigue librando una batalla jurídica en busca de cumplir su condena fuera de prisión, apelando a la Ley de Utilidad Pública recientemente aprobada. Esta normativa, vigente desde 2023, permite que mujeres detenidas que sean madres cabeza de familia puedan continuar con su condena fuera del centro penitenciario, prestando servicios comunitarios.

Barrera fue condenada a cinco años y dos meses de prisión intramural por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, relacionado con los actos de vandalismo que protagonizó en 2019 contra el sistema de transporte Transmilenio. A pesar de haber pagado multas y reparaciones, su defensa insiste en que no recibió una representación adecuada y ha centrado sus esfuerzos en demostrar que su condición de madre y empresaria le permitiría acceder a un trato diferenciado.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó en entrevista con Blu Radio que para acogerse a esta ley debe existir una conexión directa entre el delito cometido y una situación de extrema pobreza. “Hay personas que cometen delitos porque están en una situación de marginalidad que los obliga a actuar así, por ejemplo, para alimentar a sus hijos. Ese vínculo es el que establece el requisito de la ley”, puntualizó.

Sobre el caso puntual de Epa Colombia, la ministra expresó que, aunque personalmente no considera que los hechos imputados constituyan terrorismo, el hecho de que Barrera haya aceptado cargos por este delito impide que pueda acogerse al beneficio: “El delito por el cual fue condenada no guarda relación con la condición de pobreza extrema ni con la necesidad de sobrevivencia”.

A pesar de esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, solicitando públicamente a la ministra que haga cumplir la Ley 2292 de 2023 en favor de Barrera: “Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que aprobó en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna. Debe salir diariamente de la cárcel”.

La decisión final, como lo recordó la ministra, está en manos del juez del caso, y ningún otro funcionario puede modificar la sentencia por voluntad propia. El caso ha generado una amplia discusión pública, con opiniones divididas entre quienes consideran que la sanción fue desproporcionada y quienes creen que debe cumplirse en su totalidad por tratarse de un mensaje contra la violencia urbana.

Mientras tanto, la joven continúa recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor, a la espera de que la justicia valore nuevamente su situación, mientras crece el clamor social por una posible medida que le permita regresar a su hogar a cuidar de su hija y continuar sus actividades empresariales bajo una modalidad de servicio a la comunidad.