Verdad, justicia, reparación, no repetición y celeridad fueron las palabras que, casi como un clamor, más se escucharon durante el seminario en el que la invitada central fue Lina María Moreno Moreno, magistrada auxiliar itinerante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y abogada graduada de la Universidad UNAB en 2010.

Moreno Moreno elaboró un pormenorizado contexto internacional y nacional de este mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de la guerrilla de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que participaron en el conflicto armado interno colombiano.

Como se recordará, la JEP está vigente desde marzo de 2017 y su competencia sobre los delitos cometidos hasta antes del 1 de diciembre de 2016 no puede superar los 20 años. Nació de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las FARC-EP con el objetivo de responder a los derechos de las víctimas y esclarecer “en particular los delitos más graves y representativos”.

Por ejemplo, habló de los tipos de transición, según el contenido sustantivo de las fórmulas, refiriéndose a los ‘perdones amnésicos’ (España), ‘perdones compensadores’ (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay), ‘perdones responsabilizantes’ (Sudáfrica) y ‘transiciones punitivas’ (Nuremberg, Ruanda y la antigua Yugoslavia).

Su intervención se dio en el Seminario “Justicia Restaurativa y Territorialidad: Recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones con contenido restaurador reparador en Norte de Santander y Santander”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), y realizado por la Universidad UNAB en conjunto con la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, con aliados como la JEP, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red de Mujeres del Catatumbo, entre otros. Esta actividad académica consta de siete sesiones sabatinas del 7 abril al 14 de junio, con 36 horas de duración y se cumple mediante la modalidad híbrida. En la primera jornada participaron 130 estudiantes, docentes, defensores de derechos humanos e incluso víctimas.

Con su experiencia en la instrucción de los subcasos Norte de Santander y Antioquia del Caso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, además de encargada de las medidas restaurativas en el Caso 08 “Crímenes cometidos por la Fuerza Pública y paramilitares” subcaso Magdalena Medio, la joven magistrada accedió a responder unas cuantas preguntas sobre este sistema de rendición de cuentas que al día de hoy sigue generando controversia en un país tan polarizado como el nuestro.

Entrevista con magistrada de la JEP

Es sabido que la misión de la JEP es la de administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género, ¿entonces cuál es la utilidad concreta de este seminario? “Este es un espacio de diálogo y de encuentro entre una población completamente heterogénea de lo que es la sociedad colombiana. Este tipo de escenarios es donde se tiene que poner el debate para la construcción de una posición crítica en donde se respete el pensamiento diferente. Respeto mucho a quienes no son partidarios de la JEP o no están convencidos de que la JEP debería haber existido, y los respeto muchísimo porque no es la única vía, pero eso precisamente es la capacidad de debatir en democracia, en vernos desde un lugar distinto, con unas opiniones diversas pero informadas, y para eso fue que vine a Bucaramanga. A todos los que estamos sentados acá nos mueve algo y es el principio de dignidad humana”.

¿Por qué el solo nombre JEP causa tanta animadversión entre quienes los ven a ustedes como un enemigo? “Creo que genera mucha resistencia porque hay cosas que se han hecho bien y otras que se han hecho mal. Es una institución joven que ha cometido bastantes errores y hay muchas críticas que son ha lugar, pero también genera resistencia desde su nacimiento porque es muy difícil hurgar la verdad, es muy difícil escarbar la verdad, y para muchos es más fácil pasar la página sin necesidad de recordar lo que se vivió y saber las causas, los responsables e incluso los daños que se cometieron, pero no nos da la consolidación de una democracia. La única forma de superar el conflicto es hacerle frente y conocer eso para no volver a repetirlo, porque tenemos que conocer la historia y esa es nuestra historia”.

¿Para qué meterse en ese lío y no dejar que otros más osados los hagan? “Desde que decidí estudiar en la UNAB a mí me interesaba mucho el cuento de los derechos humanos y eso me hacía feliz y plena de saber que iba a contribuir en algo, así fuera mínimo, porque las transformaciones en los derechos humanos se sienten muy pequeñas. Todos los seres humanos deberíamos tener un compromiso no solo personal, sino social y hay que devolver. El estudio al ser un privilegio se tiene que devolver para aquellos que no lo tienen”. 

¿Qué les responde a quienes se atormentan repitiendo que la JEP es un gastadero de plata? “En algunas cosas hemos cometido errores en la JEP, pero yo definitivamente no creo en esas afirmaciones. Para poder llegar a tener los resultados que hemos tenido ha sido gracias a la inversión de recurso humano y de una infraestructura, y aun así es muy limitado porque la obligación y el mandato constitucional es el esclarecimiento de unas verdades y de unos hechos que son masivos. Estamos hablando de millones de delitos, de hechos y de responsables. Estamos dándole respuesta a muchos años de atraso judicial y para eso se necesita un compromiso decisivo para poder darle frente a medio siglo de tantas atrocidades que no las cometió la JEP, pero que está tratando de darles frente”.

¿Cuándo Santander y Norte de Santander conocerán la verdad y las caras de los criminales que cometieron, financiaron o permitieron tanta barbarie? “Ya se sabe y se ha hecho esclarecimiento en Norte de Santander en el subcaso de ejecuciones extrajudiciales cometidas ilegítimamente como bajas en combate. No es que no se esclarezca. La verdad está ahí. Antes solo teníamos una verdad, ahora por lo tenemos dos verdades y le corresponde a la sociedad informarse para saber cuál es la propia verdad y el camino por el que quieren seguir”.

¿Qué le dice el número 6.402? “Me habla de mucho dolor, de vergüenza como país, y así no existieran los 6.402, así fueran cien, doscientos o mil… ya eso es un motivo de vergüenza. Asesinar a campesinos y a ciudadanos inocentes por unos beneficios personales no tiene nombre y las cifras demuestran que esto fue un crimen masivo, sistemático, que no fueron simplemente hechos aislados o unas cuantas ‘manzanas podridas’, porque se dio en muchas partes del país y en todos los territorios de Colombia”.

¿De qué le ha servido estudiar en la UNAB y ahora para su trabajo en la JEP? “Para muchas cosas. Tuve la fortuna de que la Universidad me diera la oportunidad de estudiar a través del Programa de Becas. Mis papás no tenían las condiciones económicas para poderme pagar el pregrado y menos en una universidad privada, y la UNAB me dio esa posibilidad. Eso es realmente responsabilidad social empresarial: apostarle a la educación de las personas que no tienen las posibilidades de acceso. También tuve profesores maravillosos que me enseñaron con mucha conciencia de pensamiento social y crítico, con docentes que se tomaban en serio la construcción teórica de las clases, dejando en mí unas bases fundamentales. Los recuerdo con mucho cariño, respeto y admiración por ejemplo a Osilda Ramírez, Susana Ramón, Mauricio Rodríguez y Aída Fernández, quien creyó que como estudiantes podíamos ir al concurso de DIH en Ginebra (Suiza), y tantos otros…”.

La magistrada Lina María cuenta con especialización en Derecho Penal y maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Anteriormente laboró en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y asesoró a la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho en propuestas legislativas de reforma a la Ley de Justicia y Paz, lo mismo que de creación de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La apertura del seminario efectuado en el Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’ corrió por cuenta de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNAB, Elisa María Martín Peré, quien hizo un balance de las investigaciones multidisciplinarias sobre el campo de la justicia restaurativa y territorialidad que ha hecho la Universidad UNAB desde el Programa de Derecho, así como desde las Facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y de Ciencias de la Salud en el marco de la convocatoria de MinCiencias.