Escabrosa cifra: por 318 falsos positivos irán a juicio en la JEP un exagente del DAS y 22 civiles
Resumen
La Jurisdicción Especial para la Paz acusa a exmilitares y civiles por 318 falsos positivos en Casanare (2005-2008). Reconocen su responsabilidad, evitando cárcel, pero asumiendo restricciones y obligaciones restaurativas. La JEP busca reparación, verdad y no repetición.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó ante el Tribunal para la Paz a 22 exintegrantes del Ejército, un exfuncionario del DAS y dos civiles por su responsabilidad en un patrón macrocriminal que dejó 318 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2008 en Casanare.
Los comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad detallada, por lo que fueron postulados para recibir Sanciones Propias, que no implican cárcel pero sí restricciones efectivas de derechos y obligaciones restaurativas con las víctimas.
La JEP concluyó que miembros de la Brigada XVI, el Gaula Casanare y el Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno) integraron una organización criminal que usó la estructura militar para ejecutar y encubrir ejecuciones extrajudiciales bajo un sistema de incentivos institucionales —como ascensos, condecoraciones y permisos— que premiaba la presentación de “resultados operacionales”.
Entre los postulados están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; varios oficiales y suboficiales de inteligencia y operaciones; así como el detective Orlando Rivas Tovar, del extinto DAS, y dos civiles que actuaron como falsos informantes.
La Sala también imputó crímenes de tortura y tratos crueles a seis de los comparecientes, tras corroborar testimonios de víctimas que fueron ultrajadas antes de ser asesinadas.
Más de 612 víctimas han sido acreditadas en este subcaso. A través de audiencias y encuentros restaurativos, se obtuvieron nuevos detalles sobre cómo ocurrieron las ejecuciones, las dinámicas de reclutamiento de víctimas y la forma en que se manipularon operaciones militares para justificar los crímenes.
Las víctimas han impulsado varios proyectos restaurativos, entre ellos un Parque de la Memoria y la Paz y una Universidad de la Memoria y la Justicia, que serán evaluados por el Tribunal para ser incluidos en las sanciones.
Los cuatro comparecientes que no aportaron verdad suficiente —entre ellos el coronel (r) Wilson Camargo y el teniente (r) Marco Fabián García— siguen bajo revisión judicial, y uno de ellos enfrenta un incidente de incumplimiento que podría derivar en su expulsión de la jurisdicción.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz definirá ahora la etapa de juicio y la sentencia, que deberá garantizar verdad plena, reparación efectiva y no repetición para las comunidades afectadas.
