Resumen
Un escándalo en Santander ha desvelado un esquema fraudulento de licencias de conducir. Varias escuelas de conducción han sido cerradas y 21 personas arrestadas. Muchos clientes, que habían pagado por sus licencias, se quedaron sin servicios y sin reembolso de la cantidad adelantada.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En medio del escándalo que ha sacudido el sector de las escuelas de conducción en Santander, surgió una nueva denuncia sobre la falta de devolución de dinero por parte de un tramitador involucrado en el esquema de licencias fraudulentas. La operación realizada por la Policía y la Fiscalía, que resultó en el cierre de varias escuelas de conducción y la captura de 21 personas en Santander y Bogotá, ha dejado a numerosos afectados sin respuestas.
El caso de Santiago Dávila, un joven del municipio de Girón, ilustra la creciente preocupación. Dávila había pagado $1.300.000 de los $1.900.000 requeridos para su licencia de conducción a través de un tramitador de la escuela Millas de Vida Girón. Sin embargo, tras el cierre inesperado de la escuela y la captura de los responsables en el operativo, el tramitador no ha respondido por la devolución del dinero.
“Cuando llegué el 30 de julio a la escuela para tomar mi última clase, me encontré con que estaba cerrada. Intenté contactar a la tramitadora, quien me prometió que me devolvería el dinero y me citó para el 5 de agosto. No obstante, desde entonces no ha dado señales de vida”, relató Dávila.
El joven afectado explicó que, ante la falta de respuesta, solicitó una solución alternativa o la devolución de su dinero, pero la tramitadora le informó que no podía inscribirlo en otra escuela de conducción debido a que estaban bloqueados en todas las instituciones. La situación ha dejado a Dávila y a otros afectados en una situación de incertidumbre y frustración.
La operación de las autoridades, que también incluyó el arresto de tres representantes legales de escuelas de conducción, cuatro certificadores y 14 instructores, desmanteló una red que otorgaba documentos fraudulentos a más de 5.900 personas. La coronel Claudia Susana Blanco Romero, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte, explicó que la organización operaba al expedir documentos a personas que no cumplían los requisitos necesarios para obtener una licencia de conducción.
Los afectados exigen que las autoridades intervengan para asegurar la devolución de sus pagos y para sancionar a los responsables de estos delitos.
