Resumen
La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación pública en asuntos ambientales. La decisión refuerza la capacidad del estado para garantizar acceso a la información y justicia ambiental. Se están desarrollando medidas para implementar la ley.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado la Ley 2273 de 2022 como constitucional y exequible, aprobando así el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, marca un hito en la protección de los derechos ambientales en Colombia.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, celebró el fallo como un avance significativo hacia la protección de quienes defienden el medio ambiente y la participación ciudadana en decisiones ambientales. “Este es un paso histórico para Colombia. Agradecemos a las organizaciones sociales, la juventud, el Congreso y toda la sociedad movilizada. En el año de la naturaleza y con la COP16 como anfitriones, Escazú es nuestra manera de hacer Paz con la Naturaleza”, afirmó Muhamad.
La decisión de la Corte, en el marco del control constitucional de la Ley 2273 de 2022, refuerza la estructura del Estado colombiano para garantizar acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Estos son aspectos clave para la gestión sostenible de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.
Avances hacia la implementación
Desde la ratificación de la ley por parte del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional ha intensificado esfuerzos para su implementación. El Ministerio de Ambiente ha diseñado una ruta estratégica que incluye talleres, mesas de socialización y un protocolo para proteger a defensores ambientales.
El Ministerio también está desarrollando una Comisión Interinstitucional para asegurar una implementación integral del Acuerdo de Escazú, garantizando que las voces de pueblos, comunidades y defensores ambientales sean escuchadas y protegidas. Además, el programa ‘Alerta por mi ambiente’ se ha lanzado para promover la participación ciudadana y fortalecer la gobernanza ambiental, con 75 proyectos de control ciudadano ya implementados.
Un Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales también está en desarrollo, con planes para despliegues territoriales en 13 ecorregiones priorizadas.
