“Está bien, ya entendimos, no convocaremos cieguitos para vigilar las elecciones”: Registraduría
Resumen
La Registraduría asignó por error a un ciudadano con ceguera como jurado electoral debido a la falta de información. Tras la denuncia, fue exonerado. Esto genera debate sobre la selección de jurados y la necesidad de revisar procedimientos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Aunque el sorteo de jurados busca garantizar transparencia mediante mecanismos automatizados, el caso dejó en evidencia que el azar, cuando no está bien acompañado por verificaciones previas, no solo puede acariciar lo insólito sino que veces, cuando la ceguera institucional persiste, impactar descaradamente contra lo absurdo. El episodio, más que indignación, generó burlas por doquier contra la registraduría.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Esta polémica, que parecía salida de un libreto de humor absurdo sobre jurados de votación con ceguera total en Santander, sumó este viernes un nuevo capítulo con la repuesta de la Registraduría.
Tras la denuncia pública efectuada por Periódico EL FRENTE, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió oficialmente y explicó que la designación de una persona con discapacidad visual como jurado obedeció, según su versión, a la falta de información previa sobre su condición.
La entidad aseguró que, una vez el ciudadano informó su situación, fue exonerado de inmediato de la función electoral.
Mientras tanto, el episodio sigue provocando preguntas, sonrisas incómodas y un debate serio sobre los procedimientos de selección de jurados en el país.
La controversia estalló a principio de esta semana luego de que personas con discapacidad visual denunciaran en Bucaramanga la convocatoria de ciudadanos con ceguera total como jurados de votación, pese a contar con certificados médicos que acreditan su condición permanente.
Entre risas cargadas de ironía, los afectados cuestionaron lo que consideraron una situación sin lógica práctica: “¿Será que ahora quieren que los ciegos vigilen los votos?, Imagínese entregando los carnés… y dándoselos a una pared”.
El humor, lejos de trivializar el asunto, sirvió como vehículo de denuncia. Los ciudadanos afirmaron sentirse presionados para cumplir una función que, por razones evidentes, no podían ejercer en condiciones normales.
La denuncia apuntó además a presuntas exigencias para “actualizar” certificados de discapacidad permanente, lo que los afectados calificaron como una solicitud tan innecesaria como pedirle al calendario que confirme que el tiempo sigue pasando.
Ceguera sí, pero institucional
En un comunicado, la Delegación Departamental de la Registraduría en Santander explicó que el caso se originó durante el proceso de sorteo y designación de jurados realizado en la Registraduría Municipal de Piedecuesta.
Según la entidad al momento del sorteo no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, nombre que fue postulado por la Alcaldía municipal como persona apta para ser jurado.
“Una vez el ciudadano informó su situación, se procedió a exonerarlo inmediatamente y comunicarle la decisión. En términos institucionales, el mensaje podría resumirse así: el sistema lo eligió, la realidad corrigió el listado y el procedimiento siguió su curso.
Organizaciones de personas con discapacidad insisten en que el problema no es anecdótico sino estructural: la necesidad de procedimientos más rigurosos que eviten convocatorias incompatibles con las condiciones físicas de los ciudadanos.
Porque, como ironizaron los denunciantes, la inclusión no consiste en asignar funciones imposibles, sino en garantizar participación real y respetuosa.
La Registraduría dio por resuelto el caso puntual con la exoneración del ciudadano. Sin embargo, la discusión pública sigue abierta: ¿Cómo se verifican las condiciones de los ciudadanos antes de ser designados jurados? ¿Existen bases de datos actualizadas sobre discapacidad para evitar estos episodios? ¿Se trata de un hecho aislado o de fallas sistemáticas?
