¿Está en la agenda de Rodolfo Hernández regresar a la Alcaldía de Bucaramanga?

Luego de que el Concejo de Estado decidió tumbar una de las tres sanciones que emitió en su contra la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde bumangués, Rodolfo Hernández augura un panorama favorable no solo en lo judicial sino también en lo político. Por lo menos esos serían sus cálculos. Con lo que no ha contado el exmandatario bumangués, en el caso de que desee aspirar de nuevo a la Alcaldía de Bucaramanga, es con el desencanto que produjo entre la ciudadanía su pusilánime desempeño en la segunda vuelta presidencial, factor al que se le sumaría uno más: un eventual fallo en su contra por el caso Vitalogic.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

Hernández Suárez confía en que su equipo de abogados, encabezado por el exmagistrado Julio Cesar Ortiz, logre tumbar con la misma tesis de la primera las dos decisiones disciplinarias restantes en su contra y así tener el camino despejado para darle vía libre a la recuperación plena de sus derechos políticos, los cuales habían sido suprimidos teniendo en cuenta que, luego de entrar en vigencia la suma de las tres sanciones de tipo administrativo, no podía participar en elecciones.

En este contexto, el magnate bumangués rompió su habitual silencio y se pronunció en contra de la procuradora Margarita Cabello, cuyas actuaciones en su contra las calificó como un desafuero: “La Procuradora Margarita Cabello ha tenido una sistemática persecución en mi contra, en alianza con la politiquería buscaron sacarme de las elecciones en Santander. Hoy la justicia me da la razón: La Procuraduría no podía inhabilitarme”, dijo Hernández Suárez quien además aseveró que buscará cuantioso resarcimiento a su favor.

“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico, que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado.  Y puntualmente, que busquemos Acciones de Repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, expresó el mandatario bumangués siendo enfático en que buscará que “que los procuradores provinciales, y especialmente la Procuradora General de la Nación, paguen de sus propios bolsillos las ilegalidades que ha cometido para hacerme daño. Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, aseveró.

El guiño del Consejo de Estado

Tal y como lo publicó EL FRENTE en nuestra edición digital del pasado lunes, el regocijo con el que se pronuncia el también excandidato presidencial hoy llegó por cuenta de un fallo del Consejo de Estado en respuesta a un recurso jurídico interpuesto por Julio Cesar Ortiz, en el que, además de dejar sin fundamento legal la prohibición para que Rodolfo Hernández participe en las próximas elecciones, advierte que el ente de control podrá imponer sanciones disciplinarias sí y solo sí el procesado ha sido condenado por un juez ordinario.

La decisión del alto tribunal de los contencioso administrativo se dio por cuenta del proceso que inició la Procuraduría tras un video en el que se vio al entonces alcalde de Bucaramanga, golpear en el rostro a un concejal, proceso disciplinario que terminó con suspensión e inhabilidad de ocho meses bajo los cargos de “desatender su deber como servidor público […] de tratar con respeto a toda persona con la que se tenga relación en razón al servicio”.

De acuerdo con lo que explicó el ministerio público en el 2019, momento de la sanción, el episodio se configuró en una violación al Código Único Disciplinario por agredir físicamente a Jhon Jairo Claro Arévalo.

Y si bien es cierto que el Consejo de Estado reconoció la falta, pesaron mas a la hora de decidir las objeciones de la defensa de Hernández Suárez quienes alegaron que la Procuraduría General de la Nación al sancionar, al imponer al entonces alcalde bumangués una sanción disciplinaria, se le  restringía en sus derechos políticos sin que haya surtido un proceso judicial con condena por juez competente por los hechos demandados.

Además, el abogado alegó que la procuraduría no logró desvirtuar la presunción de inocencia ya que no probó que la conducta del mandatario si hubiera ejercido incumplimiento de un deber funcional mientras que sí se revalidó la tesis de una supuesta celada en su contra, con el sucedo del video y la dichosa cachetada.

“Este fue un montaje de parte del concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado, pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empiezan a agredir a mi esposa (…). Pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón”, dijo entonces el exalcalde.

Con estos elementos, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, el Consejo de Estado tomó la decisión bajo el argumento del principio de favorabilidad con el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“De conformidad con la jurisprudencia citada, se puede concluir que al momento de resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular, se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, solo cuando la regulación interna alcance los estándares internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma nacional que regule la materia”, dice la decisión.

De la misma manera, el fallo tumba la sanción impuesta por $95.662.760 en la Resolución No. 07836 del 25 de septiembre de 2020.

Hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado en 2023 le pidió a la Corte Constitucional aclarar el fallo que le otorgó las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, la Corte Constitucional señaló que toda la información estaba en la sentencia y que no había información que aclarar.

Por lo que el Consejo de Estado quedó en unificar jurisprudencia, luego de qué algunos de sus magistrados aplicaran el fallo de la Corte Constitucional, y otros magistrados ponentes decidieron tumbar la sanciones bajo el argumento de qué aplica es el control de convencionalistas y los tratados internacionales, más no el fallo del alto tribunal.

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