Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
“Hoy nos convoca no solo un cúmulo de órdenes judiciales por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo entre los años 2004 y 2008; sino un deber ciudadano, ético y moral. La necesidad de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados por aquellos que estaban llamados a protegerlos”.
Con estas palabras, el gobierno nacional, representado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, está cumpliendo con lo dispuesto en 58 casos en los que el Estado colombiano se ha comprometido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a reconocer y ofrecer excusas de manera pública por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
El acto de perdón se llevó a cabo en Florencia (Caquetá), ante los miembros de 130 familias que desde hace décadas le exigían al Estado justicia y acciones para devolverle la dignidad a sus seres queridos muertos en 18 episodios de ejecuciones extrajudiciales y es la séptima jornada que se realiza en esa ciudad.
En total, Colombia enfrenta ante el SIDH 1.323 casos, de los cuales en 1.266 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido la admisibilidad de los hechos, en 26 situaciones ha llegado a soluciones amistosas y ha cumplido recomendaciones en 23, confirmó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
“Como ministro de Defensa me sumo a las voces de rechazo de aquellos que deciden cuestionar cuántos, y no el cómo y el porqué. Hay algunos que todavía se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos. Un solo hecho nos avergüenza”, destacó el Ministro de Defensa.
Entre 2022 y 2024, el Estado colombiano ha homologado 30 casos de solución amistosa medida por SIDH y representantes de las víctimas y 70 están en proceso, señalan las cifras de la ANDJE.
“Este es el séptimo acto grupal de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimientos de excusas públicas que hacemos desde el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con la convicción de honrar la memoria de quienes fueron señalados como guerrilleros o miembros de grupos de delincuencia común, sin ser esto cierto”, puntualizó el titular de esa cartera.
Otros ocho casos se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pendientes de revisión y análisis frente al cumplimiento del Estado ante observaciones y sentencias, según la ANDJE.
En el caso de lo ocurrido en Caquetá, en Huila y en Putumayo entre 2004 y 2008, el comandante del Ejército, General Luis Emilio Cardozo Santamaría, dijo que esa fuerza “tiene el deber férreo de garantizar a sus conciudadanos la vida, honra y bienes. Asumir este compromiso significa proceder con transparencia, hidalguía y valor, protegiendo, pero también respetando, los derechos humanos de todos los residentes en nuestro país”.
