Estas son las prioridades para inversión en el sector campesino en Colombia

En vísperas de la celebración del Día Campesino, la Contraloría General de la República reveló las conclusiones de un estudio que evaluó los avances de la implementación del enfoque diferencial campesino y el cual indica que, aunque es ahora sujeto de protección constitucional, en los distintos sectores del nivel nacional no tiene la prelación que debería tener.

El campesinado fue reconocido en la Constitución Política de Colombia, como una población de especial protección constitucional, mediante el Acto Legislativo 01 de 2023 expedido por el Congreso de la República.

Este reconocimiento significa que el Estado Colombiano debe desarrollar acciones específicas para la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos.

Asimismo, el campesinado fue incluido dentro de los actores diferenciales para el cambio, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual prevé acciones en 4 temas: (i) tierra y territorialidades campesinas, (ii) educación con pertinencia para la población campesina, (iii) economía campesina, y (iv) mayor participación del campesinado con fortalecimiento de los mecanismos de interlocución.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual Gobierno también incluye adelantar acciones importantes para atender las necesidades del campesinado, entre ellas, la continuación de la formulación de la política pública para esta población.

Resultados del estudio

La Contraloría General de la República, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, adelantó un diagnóstico participativo sobre el estado de avance de las acciones institucionales del Gobierno Nacional, para la implementación del enfoque diferencial campesino en la gestión pública.

En desarrollo de este análisis, se indagó en 24 sectores que componen el Gobierno a nivel nacional por la existencia de los siguientes elementos:

· Programas, proyectos y actividades para población campesina

· Recursos financieros, es decir dinero destinado a estos programas

· Oficinas y funciones para atender a los campesinos

· Responsabilidades en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 respecto a los campesinos

· Aparte de contar con la información que reportaron al respecto las entidades públicas, se tuvieron en cuenta aportes de líderes y organizaciones campesinas.

Los resultados del estudio fueron revelados en el II Congreso Agrario “Hacia la construcción de la Política Publica del Campesinado”, en Villa de Leiva, por parte del Contralor Delegado para la Población Focalizada, David Fernández Jaramillo, y la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Martha Piza Lozada. En la instalación de este evento, el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Anwar Salim Daccarett, hizo énfasis en que “Cada peso que se invierte en el desarrollo rural debe traducirse en mejoras reales en las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra con sus propias manos y son el corazón y el alma de la Colombia rural”.

El Diagnóstico de la CGR encontró que:

· Solo el sector agropecuario tiene los 4 elementos citados antes, pero con énfasis en población rural y/o en pequeños y medianos productores, no en campesinos.

· 17 sectores tienen algunos de estos elementos, pero en general con énfasis en población rural mas no campesina, y en programas que cubren a la población en general y no de manera específica.

· 6 sectores no tienen ninguno de estos elementos (Salud, Defensa, Relaciones Exteriores, Tecnologías de la Información, Minas y Presidencia).

· 14 sectores identificaron inversiones que suman $6.8 billones en 2023 y $3,5 billones en 2024 que pueden impactar a población campesina, a través de programas con énfasis en población rural. Estos recursos están concentrados en el sector Agropecuario (61%), Transporte (18%) y Vivienda (17%).

¿Qué se requiere?

A partir de este diagnóstico, que fue complementado con aportes de organizaciones campesinas y actores territoriales de 6 departamentos, se identificaron importantes oportunidades de mejora para la formulación de la política pública para el campesinado, entre las que se resaltan:

· La necesidad de avanzar en los procesos de identificación, contabilización y caracterización de la población campesina – en sus diferentes dimensiones, de tal manera que constituya un insumo eficaz para focalizar las inversiones en los diferentes sectores y niveles de la administración pública.

· Estadísticamente en Colombia no hay datos ciertos sobre las personas que se identifican como campesinos y se debe tener en cuenta, además, que éstos se ubican principalmente -pero no necesariamente- en las zonas rurales.

· Se requiere pasar del enfoque rural al enfoque campesino en las distintas políticas, programas y recursos dispuestos por el Estado Colombiano, con una mirada intersectorial, que permita abordar las dimensiones y derechos reconocidos en el Acto Legislativo 01 de 2023.

· En este mismo sentido, resulta importante avanzar en la construcción e implementación del trazador presupuestal para comunidades campesinas dispuesto en el artículo 361 de la Ley 2294 de 2023. Y debe involucrarse en su creación a las entidades que aportan a la garantía de derechos del campesinado.

· Debe definirse el alcance, enfoque e instrumentos de la política pública para el campesinado, establecida en el Artículo 253 de la Ley 1955 de 2019 y retomada en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

· Y es necesario fortalecer el funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural (CONSEA), con miras a la concertación de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral.