Este país ha aprendido a sobrevivir, pero no a sanar
Resumen
Colombia lucha desde hace más de 60 años con violencia sistemática e impunidad. Pese a los acuerdos de paz, la verdad sigue oculta. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por genocidio y exige reparación para las víctimas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: María del Carmen Jiménez
Colombia tiene una herida abierta sobre su espalda, más de seis décadas de sangre e impunidad. La violencia se ha vuelto un remolino que devora generaciones enteras: campesinos arrancados de su tierra, líderes sociales, silenciados a balazos, jóvenes estigmatizados y con sus ojos afuera, comunidades enteras desplazadas, candidatos presidenciales asesinados por una guerra que tiene distintos nombres, pero el mismo verdugo.
Es una violencia sistemática, organizada, planificada y ejecutada por diferentes rostros de poder: guerrillas, paramilitares, disidencias, narcotraficantes, políticos corruptos, agentes de Estado que se suceden como actores en un teatro macabro. Lo inadmisible en todo esto, es que en muchos casos la impunidad ha convertido a los presuntos responsables en intocables.
La tragedia no está solo en las cifras de muertos o desaparecidos, está en la normalización del horror. Este país ha aprendido a sobrevivir, pero no a sanar. Se firmaron acuerdos de paz, se han pronunciado discursos, se han erigido monumentos, pero se ha ocultado la verdad.
Mientras la verdad sea fragmentada, mientras los culpables sigan ocupando cargos, arengando e incitando al odio y la venganza desde las cárceles, mientras algunos miembros que representan la justicia se arrodillen ante los poderosos, el país seguirá atrapado en el mismo círculo de violencia. El futuro de Colombia no puede seguir escribiéndose con tinta de duelo.
En 1948 asesinaron a Gaitán. En el periodo de gobierno del expresidente Virgilio Barco fueron asesinados, Jaime Pardo Leal en 1986, Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, Bernardo Jaramillo en marzo de 1990 y Carlos Pizarro el 26 de abril de ese mismo año, Miguel Uribe Turbay en el 2025. Todos estos crímenes son repudiables y debe ser la justicia la que investigue con rigor y condene a los responsables materiales e intelectuales.
Es inaceptable que contradictores políticos de los gobiernos en los cuales ocurrieron esos magnicidios culpen a los presidentes, como está ocurriendo hoy. No es dable permitir que usen narrativas y lean discursos ante un féretro, para acusar sin pruebas y anunciar sus venganzas a través de la metáfora de las “Dianas que los convocan para dar las batallas”.
Después de 30 años de buscar justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió fallo condenatorio contra el estado colombiano por acción u omisión de este genocidio. El 30 de enero de 2023 se comunicó el fallo para que el Estado repare a más de seis mil doscientas víctimas.
La estigmatización que se hace nuevamente de la UP no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un entramado histórico donde el lenguaje del poder sirvió para borrar las fronteras entre oposición política y enemigo armado, esa confusión discursiva ha costado muchas vidas e impide que la democracia sea incluyente.
